Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han identificado durante el pasado puente del Pilar a 10.317 personas, han interceptado 8.972 vehículos y han practicado 210 sanciones por incumplir el estado de alarma en los 1.469 controles realizados por toda la región, según datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Madrid. En esta ocasión los controles perimetrales de Madrid y de las diferentes ciudades 'confinadas' recaen en Policía Nacional y Guardia Civil.

Las diferentes policías locales se dedican al control interno en la ciudad sobre cumplimiento de la normativa sanitaria en aforos, mascarillas, distancias de seguridad, botellones, fiestas ilegales, etcétera. El estado de alarma entró en vigor el viernes por la tarde. El ministro del Interior, aseguró entonces que más de 7.000 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil se desplegarán en carreteras y principales infraestructuras de transportes públicos para controlar las restricciones de movilidad del real decreto.

Así, explicó que podrán multar en caso de desplazamientos no justificados, como ya ocurrió en marzo con el estado de alarma para el conjunto del país, aunque el ministro subrayó que "no hay fin recaudatorio", sino interés por velar por la salud de los ciudadanos.

El plan desplegado por Interior está coordinado desde la Secretaría de Estado de Seguridad -hay un CECOR que se reúne todos los días- y también supervisa el despliegue de policías municipales en Madrid capital y los otros ocho municipios afectados por el estado de alarma, los mismos excepto Alcalá de Henares en los que estuvieron vigentes las restricciones de movilidad hasta que fue tumbada por el Tribunal Superior de Madrid la orden de Sanidad.

Este dispositivo, dijo Grande-Marlaska, se ha diseñado sin que "exista merma del resto de servicios que prestan" las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de quienes ha ensalzado su "profesionalidad y dedicación".

A preguntas de la prensa, el ministro del Interior se ha remitido a la "legislación competente" al hablar del régimen sancionador que recoge en su articulado el real decreto del estado de alarma aprobado en el Consejo de Ministros celebrado este viernes, en respuesta a la falta de acuerdo con el Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre las medidas para contener el virus.