La circulación «alegal» de patinetes eléctricos en las ciudades se colocó en el punto de mira de la Fiscalía. Y es que el aumento de atropellos causados por ciclistas y por usuarios de los llamados Vehículos de Movilidad Personal (o VMP, entre los que se enmarcan los patinetes o scooters eléctricos) fue uno de los puntos tratados en el informe anual de la Fiscalía General del Estado. Aunque el escrito del ministerio público comienza, al hablar de los VMP, reconociendo que son nuevas «soluciones de movilidad», sí advierte que existe cierta «alegalidad» en el panorama actual.

IRRUPCIÓN «ABRUPTA» / A finales del 2018 se habían registrado nada menos que 273 accidentes causados por este tipo de vehículos en 44 ciudades del país. El ministerio público alerta de los problemas que acarrea la irrupción «abrupta» de los patinetes eléctricos, pero no por ello deja de dar luz a posibles soluciones para no prescindir de esta opción alternativa de movilidad. Los riesgos por la circulación de patinetes son consecuencia de la falta de coordinación de usuarios, comerciantes y ayuntamientos. A los primeros (incluidos los ciclistas) les achaca no respetar las normas de seguridad que los limita a circular por unas vías acotadas.

A los segundos, no facilitar la información y documentación necesarias al comprador e incluso, en ocasiones, vender ciclomotores con los que el usuario podrá modificar fácilmente la velocidad de su patinete tras un rápido vistazo en internet.

Y a los terceros, la escasez de normativas municipales efectivas. Pero poco bastaría sin el paraguas de una legislación estatal que también plantee responsabilidades a vendedores y ayuntamientos, y no solo a los patinadores.

Vistos los riesgos de un mal uso de este tipo de vehículos, la Fiscalía recordó que no son «un juguete». Son vehículos en toda regla que deben someterse, como tales, a las normas de seguridad vial y de tráfico.