España ha llegado a la negra cifra de 1.000 víctimas mortales por violencia machista justo cuando PP, Ciudadanos y Vox pisan el acelerador de la negociación territorial, que previsiblemente traerá consigo que Vox -y su cuestionamiento sobre la existencia de una violencia estructural sobre la mujer- tenga gran influencia. Esta situación inquieta a los expertos y asociaciones que trabajan con víctimas, que temen que muchas administraciones den pasos atrás justo cuando la planificación y dotación de medios contra el machismo debería ser aún más importante.

El temor de los especialistas no es infundado. Ya en precampaña, como recuerda el exdelegado del Gobierno Miguel Lorente, el PP, para lograr el pacto con Vox en Andalucía, acuñó contra esta lacra el término violencia familiar, «como si con esto se despreciara el resto de violencias», entre ellas la provocada por un hombre hacia su pareja o expareja. Se contagió así de la terminología de la ultraderecha como también ha diseñado unos presupuestos que, según Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres, dan la «sensación» de que no reflejan y aprovechan todos los fondos del pacto de Estado contra el maltrato, aunque aún es una fase incipiente. «Los pasos atrás no serán descarados pero sí por la vía de los hechos», avisa Lorente.

Y el problema es su traslación a la sociedad, donde algunos han perdido el temor a cuestionar en público la existencia de un machismo violento. «Puede parecer exagerado pero lo escucho a diario, es cierto que no son tantas personas, pero aunque solo una tenga la valentía o desfachatez de decir que eso [los malos tratos] son gilipolleces, hace mucho daño», sentencia Luisa Velasco, expolicía y psicóloga, que a diario imparte cursos sobre esta materia.

En esta coyuntura, toca poner en marcha el pacto de Estado, que en opinión de Soleto «recoge soluciones para gran parte de los problemas detectados». Otros especialistas, como Lorente, consideran que ha nacido «desenfocado», al no dirigirse contra todo el machismo, o que se ha quedado «corto», según Carla Vallejo, cofundadora de Mujeres Juezas. Susana Gisbert, fiscal especializada, considera que el problema es que el pacto apenas se ha implementado.