El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, no quiere retrasos en dos de sus leyes estrella: la reforma del Código Civil que permite el matrimonio homosexual y el cambio en la elección de los altos cargos de la carrera judicial. Por ello, rechazó la pretensión de la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que quería intervenir en esas reformas.
El pleno del CGPJ volvió ayer a celebrar una de sus sesiones de confrontación. Los dos bloques, la mayoría conservadora y la minoría progresista escenificaron, por enésima vez, sus divergencias. Al final, se impuso el rodillo y los conservadores decidieron plantar cara al Gobierno de Rodríguez Zapatero.
Por un lado, 12 vocales conservadores pidieron al Ministerio de Justicia la remisión del proyecto que regula los matrimonios homosexuales. El vocal Adolfo Prego explicó que el Poder Judicial debía "participar en el debate de una reforma que acaba con años de discriminación".
Los seis vocales de la minoría progresista se negaron a esa solicitud por entender que el CGPJ "no es un consejero universal del Gobierno", según el vocal Luis Aguiar. Otros dos se abstuvieron.
El ministro de Justicia ha dado la razón a los progresistas al entender que es el Ejecutivo el que tiene que decidir la conveniencia de oír o no al órgano de gobierno de los jueces. "No hay que perder de vista que el Consejo General del Poder Judicial no está definido en la Constitución para que dictamine ni se pronuncie preventivamente sobre leyes que son una responsabilidad política del Gobierno", apostilló el titular de Justicia.
