El Gobierno clarificó ayer uno de los aspectos más ambiguos y polémicos de la nueva ley del aborto: de qué forma las menores de 16 y 17 años que quieran interrumpir su embarazo acreditarán que han informado a sus padres y cómo se librarán de esta exigencia si alegan que padecen un grave conflicto familiar. La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, explicó que serán los médicos los que determinen si están fundados los temores de las menores.

"El médico encargado de practicar la intervención deberá apreciar si las alegaciones de la mujer están fundadas, pudiendo solicitar, en su caso, un informe psicológico o de un trabajador social", reza el borrador del desarrollo reglamentario de la ley que se presentará a los consejeros de Sanidad próximamente.

Jiménez consideró que, con esta medida, "se mantiene el espíritu" de la ley, es decir, que las mujeres tomen la última decisión y las menores informen a sus padres salvo en casos excepcionales de maltrato o coacción. Las chicas de 16 y 17 deberán acudir a las clínicas acompañadas de sus progenitores o bien presentar una carta firmada por uno de ellos acompañada de una copia del DNI.

EDUCACION SEXUAL La ministra reveló que los enfermeros impartatirán la educación sexual en los colegios, con el fin último de que disminuyan los embarazos no deseados entre adolescentes.

El borrador del reglamento refuerza, por otra parte, la conveniencia de que los centros públicos practiquen las intervenciones, y no como hasta ahora, que solo se ocupan de un 2%.