La Organización Médica Colegial (OMC) y la Fiscalía General del Estado han llegado a un acuerdo para elaborar un protocolo de actuación general ante las "cada vez más numerosas" agresiones a facultativos, que sirva tanto para homogeneizar el procedimiento de denuncia de estas agresiones como para "que no queden casos por atender" de violencia a profesionales sanitarios. El presidente de esta entidad, Juan José Rodríguez Sendín, anunció ayer esta iniciativa, cuyo objetivo es que la agresión a un médico en la sanidad pública sea considerado en toda España un delito de atentado contra la autoridad, con penas de prisión de hasta tres años, como ya han dictaminado varios tribunales en el ámbito autonómico. La consideración de las agresiones como delito de faltas suelen ser castigadas solamente con una multa de carácter económico.

Aunque no existen datos estatales de agresiones a médicos por pacientes, la OMC calculó que el problema afecta a uno de cada tres médicos y que las agresiones a un 10% fueron físicas, según los estudios realizados por los colegios autonómicos. "La situación es grave, cada día va en aumento y no se puede permitir que el miedo impida a los médicos denunciar estos hechos donde corresponde", subrayó Rodríguez Sendín. Los médicos atribuyen la tendencia al alza a las malas condiciones en las que muchas veces ejercen.

Aparte del protocolo, los médicos creen que otro aspecto que mejoraría esta "lacra" sería la creación de registros de agresiones en cada colegio de médicos provincial y de un observatorio nacional.