La ley española de extranjería no permite la estancia de niños y adolescentes en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), donde los inmigrantes son privados de libertad antes de ser deportados a sus países de origen. Según datos oficiales del Ministerio del Interior que ayer desveló en Barcelona el Servicio Jesuita a Migrantes (SJME), 89 niños fueron ingresados en este tipo centros el año pasado en España. Se trata de un incremento del 46% con respecto al 2017. Durante el 2018, el Servicio Jesuita a Migrantes visitó a 7.855 personas ingresadas en los CIE, lo que le ha llevado a constatar un trato humillante, una escasa atención médica y «mucho sufrimiento».

«En Marruecos, una mujer sola no vale nada, y menos con hijos; así que él, que era el menor de la familia, decidió venir a España para enviarle dinero a su madre». Es la historia de uno de los chicos con los que la voluntaria Pilar Pavía se entrevistó el año pasado en el CIE de Barcelona. El chico dijo tener menos de 18 años, pero las pruebas médicas lo descartaron. En total, el Servicio Jesuita a Migrantes contactó con 93 jóvenes en esa situación, la mayoría procedentes de Marruecos. En Barcelona es donde se detectaron más casos: 42 según la entidad social y 20 según el ministerio.

«Esto es una vulneración de los derechos de la infancia, los niños deben estar en los centros de protección», lamentó ayer el autor de la memoria anual de la entidad, Josep Buades. Además, el abogado de la fundación, José Javier Ordóñez, se quejó de las «trabas legales» con las que se encuentran los niños. «Muchos consiguen la documentación, pero, si no tienen foto, la fiscalía y los jueces la ignoran sistemáticamente. Tampoco se les permite repetir las pruebas», se quejó el letrado.

POR LA FRONTERA SUR / Sobre el resto de los internos del CIE, la entidad constata que la mayoría de los ingresados fueron personas que entraron en España a través de la frontera sur. Mientras que el número de subsaharianos bajó, las personas procedentes de Marruecos y Argelia ya suponen más del 60% de los internos.

«Hay discriminación», aseguró el autor del informe, que tildó de «lotería injusta» la entrada o no en un CIE. De hecho, Buades explicó que a las personas subsaharianas se las derivaba al llegar a España a Centros de Acogida Temporal para Extranjeros (CATE), donde pueden pedir asilo y acabar en recursos sociales, mientras que los magrebís ingresan en comisaría y acaban en el CIE.

La responsable de la entidad en Barcelona, María Carmen de la Fuente, aseguró que con todas estas visitas la entidad reprochó varias «vulneraciones de derechos» en estos centros: falta de una asistencia médica, especialmente en salud mental, y falta de intérpretes más allá del francés y el inglés, lo que lleva a muchas personas a la incomunicación.