El Gobierno ha decidido endurecer, en el último momento, las condiciones en que las menores de 16 y 17 años podrán interrumpir su embarazo. Ellas tendrán la última decisión, tal y como siempre ha pretendido el Ejecutivo, pero deberán acudir a las clínicas abortivas acompañadas de su padre, su madre o su tutor legal. Este cambio figura en un real decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes, pero pasó desapercibido hasta ayer porque la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega no lo mencionó.
Según fuentes del Ministerio de Igualdad, tanto el Consejo de Estado como los colectivos de médicos han pedido al Gobierno que introduzca este cambio para reforzar "la seguridad jurídica" de los facultativos.
En el borrador del real decreto que Sanidad envió a las Comunidades Autónomas figuraba que las menores podían acreditar que habían informado de su decisión tan solo mediante un documento firmado por sus padres. "La mujer de 16 o 17 años prestará su consentimiento acompañado de un documento que acredite el cumplimiento del requisito de información" previsto en la ley, decía el borrador. "Se trata de una fórmula legal utilizada para acreditar un consentimiento en cualquier acto jurídico", argumentó la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, recientemente.
LA FALSIFICACION Pero dicho borrador se envió también a los colectivos de médicos, que han planteado al Ejecutivo que las menores pueden falsificar el documento; de ahí que hayan exigido que al menos uno de sus representantes legales les acompañe hasta la clínica. No es necesario que vayan con ellas a la interrupción del embarazo, aclaran desde Igualdad, solo que acudan hasta el centro de salud para que los médicos tengan constancia de que realmente han informado a sus padres.
CONFLICTO FAMILIAR En el caso de que la menor alegue que puede sufrir un conflicto familiar si informa de su decisión, el médico será el encargado de determinar si los miedos de la joven están fundados o no, y puede por tanto abortar sin que lo sepan sus padres. Tal como sí se contó el pasado viernes, el médico deberá realizar un informe por escrito, que podrá apoyarse en el dictamen realizado previamente por un psicólogo o por un trabajador social.
Las condiciones en que las menores podrán abortar ha sido desde el principio el aspecto más controvertido de la reforma de la interrupción voluntaria del embarazo, debido a que el Gobierno pretendía que las menores pudiesen abortar solas, un punto que recibió críticas incluso en las filas socialistas. Finalmente el Ejecutivo cambió su intención inicial durante la tramitación parlamentaria para que el PNV respaldase la norma.
