Desde el 2015 el porcentaje de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza y se beneficia las rentas mínimas de inserción (RMI) no ha hecho más que disminuir. Según el último informe, correspondiente al año 2018, que ha hecho público el Ministerio de Sanidad, ni siquiera el 8% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado las RMI que ofrecen las Comunidades Autónomas. Un porcentaje que desde 2015 se está reduciendo.
Como en anteriores informes, este muestra una vez más las claras diferencias entre comunidades. Destacan dos, País Vasco y Navarra, con porcentajes que suponen en un caso casi tres cuartas partes y en otro, dos tercios de su población por debajo del umbral de la pobreza. Le sigue Asturias, donde reciben estas rentas una de cada tres personas bajo el umbral de la pobreza. Del resto, solo cinco comunidades garantizan porcentajes superiores al 10% (Baleares, Aragón, Cantabria, Asturias, Madrid y Cataluña). Las RMI de las nueve comunidades restantes ni siquiera alcanzan esta cobertura, y en el caso de Andalucía y Castilla-La Mancha, sus porcentajes están por debajo del 2%.
GRANDES DIFERENCIAS
Extremadura destaca con un 32,5%, es decir, las cuantías que reciben, como media, los perceptores de las RMI en esa comunidad, suponen casi una tercera parte de su renta media por hogar. Con 10 puntos de diferencia le sigue Cataluña, cuya cuantía media suponen más de una quinta parte de su media de renta por hogar. Solo otras cinco Comunidades superan el 15%. Por el contrario, cuatro comunidades tienen porcentajes inferiores al 10%, destacando Baleares con un 5,7%. Es decir, cuantías ínfimas que, de ninguna manera, permiten a sus perceptores garantizar la supervivencia, según denuncia la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España.
Ante este panorama, esta asociación insiste en la necesidad de que se articule a nivel estatal una garantía de ingresos para todos los ciudadanos. "Apelamos a la conciencia de quienes consideren la dignidad del ser humano por encima de cualquier otra consideración política o económica, para que se ponga en marcha en el Parlamento las comisiones o grupos de trabajo que aborden esta cuestión, en esta misma legislatura, y que no abandonen su tarea hasta lograr ese pacto por una garantía de ingresos mínimos a todos los ciudadanos", reclaman los directores de servicios sociales.
