El Gobierno mexicano ha confirmado este martes (madrugada del miércoles en España) que cuenta con una lista de 26,121 casos de personas desaparecidas desde diciembre del 2006 hasta noviembre del 2012, bajo el mandato del presidente anterior, Felipe Calderón. La subsecretaria del Ministerio de Gobernación, Lia Limón, ha señalado que esa base de datos, heredada del pasado Gobierno, será depurada para precisar cuántos de esos casos están relacionados con el crimen organizado y la narcoguerra que sacude el país desde hace seis años.
Junto al número de muertos del enfrentamiento entre los cárteles de la droga desatado con el despliegue militar --entre 70.000 y 100.000, según distintos conteos--, el escándalo de los desaparecidos agita estos días a México. Porque los familiares los siguen buscando y denuncian desidia e impunidad, y porque la semana pasada la organización Human Rights Watch (HRW) documentó 249 casos de desaparecidos y en 149 de ellos halló "evidencias contundentes de la participación directa de fuerzas militares o policiales".
La guerra de Calderón
El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, ha afirmado que las desapariciones, forzadas o no, forman parte "de lo que se llamó la guerra contra el narcotráfico" desatada por Calderón. Pero ha insistido en que ahora es Enrique Peña, que asumió el poder el pasado 1 de diciembre, quien "tiene la obligación y la responsabilidad de abordar el problema, corregir los abusos y hacer justicia a los miles de desparecidos".
Las "cifras abrumadoras de casos de desparecidos", ha resaltado Vivanco, colocan a México a la vanguardia de lo que ha ocurrido lamentablemente en América Latina en este tema". También Amnistía Internacional ha calificado de "escalofriante la magnitud de un problema tolerado e ignorado por el Gobierno" y ha pedido investigar "en qué desapariciones participaron agentes de las fuerzas armadas o policiales".
El flamante Gobierno ha reaccionado con rapidez ante esas denuncias internacionales. El ministro de Gobernación ha anunciado la creación de una comisión especial de fiscales y policías que se dedicará exclusivamente a la búsqueda de personas desaparecidas, que finalmente ha cifrado en más de 26.000.
