Envueltos en pijamas de mujer, zapatillas de andar por casa y unas ojeras hasta los tobillos. Así entran en Melilla los subsaharianos tras poco más de 15 minutos de travesía dentro de una lancha hinchable de juguete comprada en Beni Enzar al mafioso marroquí de turno por algo más de 400 euros. No importa el medio, sino llegar vivos. Son menos de 200 metros los que separan la costa marroquí de la melillense, pero los suficientes para morir ahogado. En lo que va de año, en Melilla pero también en Ceuta, decenas de inmigrantes han tomado caminos como este para llegar a ambas ciudades autónomas, que viven la mayor afluencia de emigrantes sin papeles desde la crisis del 2005.

En los asentamientos malviven aquellos que no quieren alojarse dentro del CETI. Dicen que en sus chabolas se sienten "más libres". Apenas disponen de recursos y trabajan en lo que pueden y les dejan, limpiado retrovisores o guardando coches. Con esa calderilla sobreviven. Son tantas horas muertas esperando una regularización que no llega o una repatriación que no se desean, que algunos subsaharianos de confesión cristiana han levantado una modesta iglesia con telas.

El CETI está a reventar. Tiene capacidad para 470 personas y el número ya hace días que se ha duplicado. Los inmigrantes duermen hacinados y los trabajadores se desesperan evitando que salte la chispa del conflicto entre ellos. Y eso que cada semana, un pequeño avión ATR-72 con 30 plazas, despega de Melilla y aterriza en un punto indeterminado de la península con las plazas ocupadas por inmigrantes.

Por mucho que el Gobierno y el Ministerio del Interior minimicen el problema, las cifras de entradas de inmigrantes alcanzan ya el título de alarmantes. Solo en julio han conseguido entrar 300, y en lo que llevamos de año son 1.100. Lo que significa que a este ritmo, en diciembre, solo en Melilla se duplicará la cifra de entradas de subsaharianos.

Casi todos se están colando por mar. La situación la denuncian en voz alta la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y el Sindicato Unificado de Policías (SUP), y anónimamente los guardias civiles y policías que trabajan en Melilla y asisten impotentes al drama humanitario que se está viviendo en la frontera con la clara complicidad de la policía y las autoridades marroquíes.

El ministro del Interior, Antonio Camacho, tiene informes de los servicios de información de la Guardia Civil que recogen el relato de supervivientes contando que sobornaron a policías marroquís y de la armada con 50 euros por cada una de las personas que dejan salir al mar para llegar a España.

Hace unas semanas, el director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Velázquez, se desplazó a Rabat para pedir a sus colegas marroquís más implicación.