El Ministerio de Economía considera que el borrador de la ley sobre desahucios es un proyecto "equilibrado" y da prácticamente por cerrada la reforma de la normativa hipotecaria, mientras el resto de partidos ha reiterado en sus enmiendas al texto la apuesta por la dación en pago y una norma de segunda oportunidad.
Según fuentes del departamento que dirige Luis de Guindos, se ha descartado la dación en pago generalizada y retroactiva por el riesgo de que incremente la morosidad bancaria y el potencial perjuicio que ese aumento generaría para el conjunto del sistema financiero.
Desde Economía recuerdan lo ocurrido en Irlanda, donde como consecuencia de la dación de la vivienda la morosidad pasó del 3 % al 30 % y el país acabó pidiendo un rescate para todo su sistema financiero.
Mientras, las enmiendas de todos los grupos de la oposición presentadas hoy intentan mantener viva la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre dación en pago de la vivienda en caso de impago y coinciden en criticar la tramitación conjunta que está realizando el PP gracias a su mayoría absoluta.
El PSOE ha incluido entre las suyas varios aspectos del decreto ley andaluz aprobado esta semana para paliar los desahucios, entre las que destaca la posibilidad de expropiar viviendas vacías en manos de personas jurídicas.
Los socialistas han asumido los postulados del Gobierno de José Antonio Griñán respecto a la función social de la vivienda y el procedimiento de expropiación forzosa por cuestiones de interés social.
La nueva ley andaluza es, en palabras de la portavoz de Vivienda del grupo parlamentario del PSOE, "jurídicamente correcta, políticamente valiente, socialmente necesaria y justa".
Por el contrario, el Gobierno, que está estudiando el encaje constitucional del decreto de la Junta, cree que es una norma ineficaz, al no abordar los problemas de las personas en una situación de sobre-endeudamiento, y que contiene "un blindaje a sí mismo", ya que supedita las expropiaciones a la disponibilidad presupuestaria.
Dada la complicada situación económica de las administraciones públicas va a ser muy difícil que Andalucía cuente con recursos suficientes para abordar esas expropiaciones, aseguran desde el Ministerio de Economía.
Respecto a la denominada segunda oportunidad, un proceso que existe en muchos países de nuestro entorno y que permite renegociar deudas y posibilitar a personas sobre-endeudadas rehacer su situación económica, el Ministerio defiende que el último borrador presentado por el PP ofrece una solución "rápida y fácil" que de facto supone poner en marcha un procedimiento de este tipo.
El último texto, que fusiona los dos proyectos de ley sobre deudores hipotecarios y dación en pago -este último procedente de la ILP-, introduce como novedad la posibilidad de hacer quitas de deuda en el caso de viviendas habituales ya adjudicadas a un tercero (normalmente la entidad de crédito) de forma retroactiva.
En sus primeras enmiendas al texto, el PP ya establecía quitas para los casos en que el deudor pagara el 65 % del dinero pendiente en cinco años o el 80 % antes de diez años desde la adjudicación de la vivienda en la subasta.
Si puede hacer frente a esos pagos, se le condonará el resto de la deuda, es decir, el 35 % o del 20 %, posibilidad que el último borrador extiende de forma retroactiva a todos aquellos que tienen deudas hipotecarias vivas tras la adjudicación de su vivienda.
Desde Economía añaden que este proceso supone "un techo de deuda" establecido por ley que no impide a la entidad financiera y el deudor pactar quitas mayores.
Para el Gobierno este mecanismo equivale en realidad a una ley de segunda oportunidad, ya que permite reducir las deudas al tiempo que mantiene un incentivo a continuar pagando, mientras que las propuestas de la oposición implicarían nuevos procedimientos administrativos complejos y la creación de una comisión que supondrá añadir ineficiencias en el proceso.
Asimismo, rechaza articular un sistema concursal (renegociación con los distintos acreedores) para personas físicas como los que hay para las empresas, ya que lo habitual es que una familia tenga un único acreedor: la entidad bancaria.
Desde Economía insisten en la máxima de que "es de justicia devolver los préstamos" y consideran fundamental que la normativa no incentive al deudor cumplidor, que en España son más del 90 % de las familias con hipoteca, a cuestionarse por qué paga.
La nueva ley podría entrar en vigor a finales de abril o principios de mayo.
