El Gobierno aprobó también el anteproyecto de ley de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, un documento con el que el Ejecutivo pretende reforzar la autonomía de la Fiscalía. Según se recoge en el anteproyecto, el fiscal general del Estado tendrá un mandato limitado a cuatro años, tendrá que comparecer ante el Congreso de los Diputados antes de su nombramiento a manos del Rey y contará con una serie de causas tasadas para su cese.

Juan Fernando López Aguilar, ministro de Justicia, fue el encargado de presentar el anteproyecto al Consejo de Ministros y en la rueda de prensa posterior, y explicó cómo afectará al actual fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. "Se prevé que el actual fiscal general desempeñe sus funciones hasta la entrada en vigor de la presente y ley y sólo después de su entrada le sería aplicado lo previsto para que el nuevo nombramiento se realice con las condiciones que se contemplan en el nuevo régimen jurídico", dijo.

Con este proyecto, el fiscal general del Estado que proponga el Gobierno se tendrá que someter, tras la preceptiva audiencia del Consejo General del Poder Judicial, al dictamen de una comisión del Congreso de los Diputados antes de ser oficialmente nombrado por el Rey.