La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha defendido hoy la ley contra las descargas de internet como parte de la estrategia del Gobierno en defensa del empleo. Sin citar expresamente la ley de economía sostenible --la que permite el bloqueo de las webs de descargas que vulneren los derechos de autor previa autorización judicial--, Sinde ha destacado la necesidad de "afianzar el derecho a crear, junto al derecho a acceder a la cultura".

"Cada creador, al crear su obra, está generando empleo", ha afirmado la titular de Cultura, en la inauguración del Foro Europeo de Industrias Culturales, que se celebra en Barcelona. "Gaudí por sí solo genera más empleo en Barcelona durante un día que quienes desprecian a los creadores. Y sí, hoy hacen falta más empleos y más creadores".

DERECHOS DE TODOS

La ministra ha añadido que el modelo español de acceso a los contenidos culturales en la red responden a "la lógica del respeto a los derechos de todos, de los ciudadanos y de los creadores". Acto seguido, ha lanzado una velada advertencia a los propietarios de las páginas de descargas de internet, solo "quienes se están enriqueciendo" sin respetar los derechos de los trabajadores culturales "pueden temer" esta lógica.

Ante un auditorio de centenares de personas, reunidas en la Llotja de Mar de la capital catalana, Sinde ha asegurado que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero "está dando buena prueba de su voluntad de contribuir" a una nueva orientación productiva, que impulse el protagonismo de la cultura en la economía.

LOS RIESGOS DEL CONTROL

El divulgador científico Eduard Punset, ponente de la conferencia inaugural, también ha dedicado unas palabras de su discurso a esta controvertida medida del Gobierno. El escritor se ha dirigido a la ministra para reconocer que era "fantástico" su preocupación por incentivar los contenidos digitales, pero ha alertado contra la "tentación de controlarlo".

La ley de economía sostenible --que el Gobierno envió la semana pasada al Congreso para su trámite parlamentario-- es una de las actuaciones del Ejecutivo que ha despertado más polémica en la red. Las asociaciones de internautas aseguran que batallarán para que finalmente no sea aprobada por los diputados y que, si acaba siéndolo, no dudarán en acudir al Tribunal Constitucional.