El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, inició ayer los trámites para descontarles a los jueces el sueldo de un día por la huelga del miércoles, pero vió al mismo tiempo cómo se ponía en marcha la cuenta atrás para el segundo paro de magistrados tras fracasar su intento de prohibirlo por ley antes del 26 de junio. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dejó bien claro que este veto legal no es prioritario para el Ejecutivo, con lo que la posibilidad de que la judicatura se plante de nuevo está servida.

Bermejo remitió ayer al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, una carta para pedirle que le envíe "una relación nominal de los jueces y magistrados que manifestaron que se declaraban en huelga". El ministro precisa que necesita los datos "a efectos de adoptar, en su caso, las medidas de carácter retributivo a que hubiere lugar". La iniciativa de retenerles un día de sueldo no parece que vaya a incomodar a los jueces huelguistas, que ya manifestaron el mismo día del paro su deseo de que se les aplicara este descuento.

Mientras Bermejo trataba de conseguir la histórica lista (la del miércoles fue la primera huelga de togas de España), sus compañeros de Gobierno optaban por rebajarle los humos y dejarle solo con su plan de impedir otro parón judicial por la vía legal. Al término del Consejo de Ministros, la vicepresidenta De la Vega aseguró que "ese tema habrá que abordarlo", aunque matizó que "se abordará en su momento". Ahondando en esa misma línea, subrayó que "lo prioritario" para el Gobierno en este momento es "modernizar la administración de justicia" y resolver "los problemas que de verdad tiene" la misma. Es decir, que el Ejecutivo volcará ahora sus esfuerzos en contentar a los huelguistas más que en ponerles piedras en los zapatos con medidas que puedan soliviantarles.

En sintonía con esta interpretación, fuentes gubernamentales precisaron que el Ejecutivo no se plantea aprobar dicha ley en este periodo de sesiones, que finaliza en junio. La Asociación Profesional de la Magistratura y Jueces para la Democracia --que no apoyaron el paro del 18-F-- tienen, pues, el camino expedito para llevar a cabo su huelga el próximo 26 de junio si no se han atendido antes sus reivindicaciones. Lo que sí tiene intención el Ejecutivo de llevar al Parlamento antes del verano es el endurecimiento del régimen disciplinario de los jueces, que fue puesto en solfa por el Ejecutivo tras la leve sanción de 1.500 euros impuesta al juez del caso Mari Luz, Rafael Tirado.

ATAQUES DEL PP El portavoz de Justicia del PP en el Congreso, Federico Trillo, consideró "un error y una provocación" que Bermejo prohiba a los jueces ir a la huelga. A juicio de Trillo, "no le corresponde" al ministro decidir si existe o no ese derecho, sino al CGPJ y, llegado el caso, al Supremo. "Bermejo se injiere en competencias que no son propias, y agrede a los jueces con declaraciones para legislar en ese y otros puntos", dijo.