Una retirada a tiempo es una victoria. Este proverbio define a la perfección los términos del pacto que el presidente de la Generalitat, José Montilla, enhebró ayer con el alcalde de Vic, el democristiano Josep Maria Vil, para que el ayuntamiento no lleve a la práctica su polémica intención de negar el empadronamiento a los inmigrantes en situación irregular.
Cuando el debate político y social generado por las restricciones de Vic al empadronamiento corría el riesgo de convertirse en algo más que una chispa, Montilla telefoneó ayer al alcalde de Vic. Su fin era cerciorarse de que las intenciones del ayuntamiento en ningú caso generarían un conflicto. Tras la conversación, según fuentes de Presidencia, Montilla se mostró "convencido de que el consistorio no hará nada que vulnere la legalidad".
¿Qué significará esto, en la práctica? La solución pasará problemente por dejar claro que en ningún momento Vic da marcha atrás porque no se había aprobado formalmente todavía ningun documento que ratificara las limitaciones al empadronamiento de los inmigrantes sin permiso de trabajo o residencia. Es decir, no se puede rectificar lo que todavía no se ha hecho. Así, la marcha atrás será ejecutada pero evitando que sufra una humillación en términos políticos.
La intervención personal ayer de Montilla forma parte de una estrategia del conjunto del Govern, presidida por la escasez de declaraciones y el trabajo negociador discreto durante los últimos días para conseguir reconducir la situación sin levantar polvareda en un asunto tan sensible como es la inmigración. De hecho, la vicepresidenta Maria Teresa Fernández de la Vega, reiteró la advertencia que el Ejecutivo viene formulando a Vic: si limita el padrón los servicios jurídicos del Estado intervendrán para parar los pies al consistorio. Y proclamó que la sociedad española "siempre se une ante cualquier atisbo de exclusión social".
