Ahora que se vislumbra un nuevo Gobierno en el horizonte, después del acuerdo exprés entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, la sociedad se moviliza para que la nueva legislatura alumbre leyes y medidas necesarias y que llevan meses en el cajón debido al bloqueo político. Por ejemplo, Ángel Hernández, el jubilado madrileño procesado por ayudar a suicidarse a su esposa, María José Carrasco, que sufría esclerosis múltiple, ha conseguido en apenas 48 horas, desde la noche electoral, que más de 110.000 personas apoyen que la regulación de la eutanasia sea la primera ley que se apruebe en la nueva legislatura.

La petición se suma a las más de un millón de firmas que varias personas han recabado a través de Charge.es y que fueron entregadas el pasado mes de julio en el Congreso, solicitando a los partidos políticos que despenalicen la eutanasia. El proyecto legal con este propósito impulsado por el PSOE y tomado en consideración en junio del 2018 por el Congreso, quedó varado debido a las innumerables peticiones de ampliación del plazo de enmiendas presentadas por PP y Cs y el adelanto electoral.

En aquel contexto, sólo el PP se opuso a su tramitación, pero ahora Vox se sumará previsiblemente al rechazo, a tenor de su programa electoral contrario al suicidio asistido. Aún así, en las nuevas Cortes hay una mayoría suficiente para sacar adelante la iniciativa, si es que la situación se desbloquea definitivamente y los partidos se ponen manos a la obra.

De hecho, en el acuerdo para la conformación de un Gobierno de coalición PSOE y Podemos se comprometen "a la aprobación de nuevos derechos que profundicen en el reconocimiento de la dignidad de las personas, como el derecho a la muerte digna y a la eutanasia".