Un voluminoso estudio sobre la presencia de los inmigrantes en las escuelas de toda España, elaborado por la Oficina del Defensor del Pueblo y el comité español de Unicef, corrobora que el peso de la escolarización del alumnado extranjero recae sobre la escuela pública. A la vista del trabajo, basado en datos del curso 2001-2002 y presentado ayer, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, recomienda a las administraciones educativas que limiten el derecho de las familias a la elección de centro para evitar concentraciones de alumnado extranjero.

Propone una distribución más equitativa de los inmigrantes, que en un 80% de los casos están en centros públicos. Para ello sería preciso desviarlos hacia otros centros públicos o privados concertados, con independencia de los deseos de sus progenitores. La medida lograría, de paso, que el sector concertado asumiera más protagonismo en su escolarización.