La mujer asesinada por su marido el sábado en Osuna (Sevilla) había obtenido la orden de alejamiento de su pareja, pero no la de protección, según señaló ayer el Instituto Andaluz de la Mujer, quien apuntó que la víctima posiblemente no había transmitido al juez y a los psicólogos, "por miedo", que su vida corría peligro. El agresor, que tras matar a su esposa y su hija embarazada intentó suicidarse, se recupera de sus heridas. Unos 2.000 vecinos guardaron anoche cinco minutos de silencio por el crimen.
La coordinadora provincial del IAM en Sevilla, Angeles García, recordó que una orden de alejamiento no conlleva una orden de protección, y resaltó que cuando la víctima Carmen S.E., de 54 años, por fin se animó a alejarse de su agresor y acudió al centro de atención a la mujer de Osuna --a instancias del juez que tramitó su denuncia de maltrato-- para pedir información jurídica sobre la separación, rechazó la opción de una casa de acogida dado que pensaba quedarse con sus hijos.
Pese a las insinuaciones de los profesionales para que tomaran precauciones, tanto Carmen como su hija insistieron en que lo "único" que querían era ayuda para tramitar la separación, porque desde que el parricida tenía en vigor la orden de alejamiento sobre estas dos mujeres "no les había vuelto a molestar", por lo que no pensaban que estuvieran "en riesgo".
Así, comentó sus sospechas acerca de que en su denuncia la víctima refiriera sólo la última agresión y no las palizas continuadas que recibió durante su matrimonio, y lamentó que haya sido ahora cuando los hijos han denunciado la actitud de su padre. "Me pregunto cómo se hizo la entrevista en el juzgado si esta mujer ha sido torturada durante 30 años", criticó García en declaraciones a la Cadena Ser. "Si este hombre hubiera sido enviado a prisión se hubiera evitado el crimen", aseveró. Por ello, García consideró que es necesario ver qué es lo que ha fallado", y animó a las víctimas a que "transmitan la información de la forma más completa posible" cuando denuncien.
LAS ARMAS La Guardia Civil continúa sus investigaciones acerca de la procedencia del arma empleada en el crimen, dado que las dos escopetas de su propiedad le fueron retiradas junto a la licencia de armas tras dictarse la orden de alejamiento.
Así, las pesquisas apuntan a que Francisco Lucena adquirió la escopeta de cañones recortados en el mercado negro, según apuntó ayer en Sevilla el director general del Instituto Armado, Joan Mesquida, quien no obstante subrayó el "riguroso control sobre pertenencia de armas" que existe en nuestro país. El agresor evoluciona favorablemente, aunque ha perdido el ojo izquierdo y los médicos han tenido que reconstruirle parte de la cara.
