El Consejo de Ministros aprobó ayer la transposición de la directiva de la Unión Europea que regula la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, con el objetivo de cumplir el protocolo de Kioto y luchar contra el cambio climático. La medida, que afectará a mil instalaciones industriales, fija sanciones a las empresas que rebasen los límites asignados y que, en casos muy graves, pueden alcanzar los dos millones de euros y su cierre.
El decreto --primera iniciativa legal de un Gobierno español contra estas emisiones-- considera infracciones muy graves ejercer la actividad sin autorización para emitir estos gases, no informar sobre cambios en las instalaciones u ocultar información. Las multas serán impuestas por las comunidades autónomas, salvo en el último supuesto o por incumplir la obligación de entregar derechos de emisión. Entonces intervendrá el Consejo de Ministros.
TIEMPO PERDIDO Según la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega, existía un "retraso" en España en el cumplimiento del protocolo de Kioto, ratificado el 30 de mayo del 2002 y que debería haberse transpuesto como muy tarde en el pasado mes de diciembre. A su juicio, "se ha perdido demasiado tiempo" a la hora de cumplir el compromiso, por lo que el Gobierno ha decidido "recuperarlo", si bien "preservando los intereses económicos" del país y la actividad de las empresas.
El decreto no establece los objetivos concretos de reducción, el 0,4% anual durante los primeros tres años, que serán fijados por el Plan Nacional de Asignaciones (PNA), al que inicialmente estaba previsto que el Gobierno diera ayer luz verde. Este programa de actuaciones persigue entre el 2005-2007 que las emisiones en España vuelvan a los niveles del 2002.
