La inclusión de la censura parental como condición de Vox para aprobar los presupuestos autonómicos de la Región de Murcia ha suscitado quejas en los sectores implicados y ha provocado que 37 colectivos de la comunidad, entre partidos políticos, sindicatos, asociaciones de padres y madres de alumnos, colectivos LGTBI y plataformas sociales firmen un manifiesto en el que muestran su «absoluto rechazo· al también conocido como pinparental implantado desde principio de curso en las escuelas y que han suscrito PP, Cs y Vox.
En el texto los firmantes, entre ellos PSOE, Podemos, IU y Más Región, así como la Federación Regional de ampas Juan González, los colectivos LGTBI No Te Prives y Galactyco y los sindicatos UGT, CCOO y STERM, exigen la retirada de las instrucciones de inicio de curso de la Consejería de Educación y Cultura, en la que se pide la autorización expresa de los progenitores para que sus hijos puedan asistir a las charlas complementarias, incluidas en el currículo escolar y que son evaluables y obligatorias.
Todos ellos consideran un «grave error esta imposición porque posibilita el veto en los centros educativos a formación fundamental para el desarrollo de los niños, desautoriza y deslegitima al profesorado, vulnera los derechos del alumnado» y «pone en peligro la convivencia social».
Los colectivos advierten que esta medida privaría al alumno de asistir a las charlas de formación sobre LGTBIfobia, prevención de la violencia de género, ludopatía, drogas, enfermedades de transmisión sexual, trastornos de la alimentación, bullying, ciberacoso y prevención de embarazos no deseados, entre otras materias.
Anticonstitucional
Según los 37 colectivos y partidos que han suscrito el manifiesto, su implantación «contraviene la Constitución y las normas educativas, ataca la autonomía de los centros y la libertad de cátedra del profesorado y contradice el derecho fundamental y constitucional de los alumnos a recibir una formación integral basada en los principios y valores democráticos». Añaden que las actividades complementarias están incluidas en la programación que los centros, previa consulta de los consejos escolares, se aprueban y son obligatorias y evaluables, por lo que contra ellas no existe objeción de conciencia. Este tema también ha indignado a docentes y directores de centros educativos porque supone una injerencia en su labor profesional.
