"El Gobierno toma nota del desparpajo notable" con el que se pasean los controladores aéreos, como si aquí "no hubiera pasado nada" para "defender sus privilegios", tratar de minimizar los efectos de lo ocurrido e incluso exigir que se compartan responsabilidades. Desde que el vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, lanzó esta advertencia el pasado viernes, los portavoces de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA, que agrupa al 95% del colectivo) guardan silencio.

Ni siquiera ayer, ante la decisión del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero de mantener el estado de alarma hasta el 15 de enero, quisieron trasladar a la opinión pública su veredicto, pese a que esta decisión les obliga a seguir trabajando bajo la supervisión militar, y si no acuden a su puesto de trabajo sin causa justificada pueden ser detenidos inmediatamente y puestos a disposición de un juez castrense.

Facebook y Twitter

No es la primera vez que el colectivo, que hasta ahora se ha comportado de forma homogénea, guarda silencio. Los portavoces del sindicato decidieron apagar sus teléfonos y dejar de atender a la prensa cuando Zapatero recurrió el sábado 4 de diciembre por primera vez al estado de alarma. Su secretario de comunicación, César Cabo, comenzó tímidamente a verter opiniones a través de redes sociales como Facebook y Twitter donde calificaba la reacción de sus compañeros de "desmedida", pero seguía cargando las tintas contra el Ministerio de Fomento, al culparle de la situación.

Sin embargo, a medida que fueron pasando los días, tanto Cabo como el portavoz, Daniel Zamit, comenzaron a dar entrevistas "a título personal", debido a que el estado de militarización les impedía ejercer una actividad sindical. Los representantes de USCA no pidieron perdón a los afectados hasta tres días después del plante que dejó en tierra a más de 600.000 viajeros.

Cabo concedió una entrevista el pasado jueves (esta vez como portavoz de USCA) a este diario donde pasaba al ataque y culpaba --al igual que hizo a las puertas de los juzgados donde comparecieron los controladores citados por la fiscalía-- a AENA de haber cerrado el espacio aéreo sin necesidad, puesto que había técnicos para continuar operando, si bien no en las condiciones normales. El gestor público desmintió inmediatamente la acusación del portavoz de los controladores.

Al mismo tiempo, USCA aseguró que no planea hacer nuevos paros en Navidad. Pero el Gobierno ya no se fía. "No puedo dar carta de naturaleza a lo que ha sido una declaración espontánea de alguno de los dirigentes de USCA", señaló ayer el ministro José Blanco.