Conflicto diplomático y judicial de primer orden. El Consulado de Uruguay en Barcelona se negó ayer por la mañana a entregar a una niña de 7 años a su padre después de que una jueza de Vielha (Lérida) retirara la custodia a la madre y obligara a dejarla en la sede consular, donde debía recogerla el progenitor. A raíz de esa negativa, y tras horas de incertidumbre, la togada decidió por la tarde aplazar hasta el próximo miércoles el traspaso de la pequeña al hombre, que hace dos años fue denunciado por su expareja por abusos sexuales a la menor y malos tratos a la mujer, proceso archivado en febrero.

Posteriormente a esa decisión judicial, la jueza dio un paso más y envió a los Mossos d’Esquadra al consulado -a las siete de la tarde se presentaron tres patrullas-para llevarse a la niña. Ante esto, la madre, la pequeña y otros familiares se atrincheraron en la legación diplomática para evitar que la policía se quedara con la menor. Para ello contaban con el apoyo del cónsul. Anoche, al cierre de esta edición, la mujer y la pequeña seguían en el edificio.

La sentencia dictada por la jueza de Vielha obligaba a la mujer a llevar a su hija al consulado a las diez de la mañana, para que una hora después la recogiera allí su progenitor. Sin embargo, al llegar el padre con sus abogados, el cónsul Juan Pablo Tagliafico le notificó que no iba a entregar a la menor porque, a su entender, no es competente para ejecutar una sentencia española. El hombre y sus letrados permanecieron durante seis horas en la puerta del consulado. Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Uruguay emitió una nota en la que subraya la inviolabilidad de sus dependencias diplomáticas.

Especialistas jurídicos calificaron de extraño que se escogiera una oficina diplomática para hacer la entrega de la menor. Las fuentes consultadas especificaron que la togada escogió ese lugar al considerar que era un entorno más amable para la pequeña. La mujer se presentó poco antes de las diez de la mañana en un coche y custodiada por los Mossos d’Esquadra, como había ordenado la jueza, y se dirigió con la pequeña y varios familiares a las dependencias del consulado en un edificio de la Diagonal. Los agentes no pudieron acceder a la delegación diplomática, que fue cerrada con llave. Desde ese momento no pudieron entrar ni las personas que iban a realizar trámites.

Una hora después se presentó el padre con sus abogados. Tampoco pudo entrar en las oficinas de Uruguay. Fue el propio cónsul quien, al cabo de unos minutos, le notificó formalmente que no le iba a entregar a la menor porque, a su entender, no es competencia suya ejecutar una sentencia de la justicia española.

DERECHO INTERNACIONAL / Asimismo, en un comunicado a la prensa, el Ministerio de Exteriores uruguayo resaltó que el hecho de que al cónsul se le otorgue un rol de ejecutor de una resolución judicial «no es conforme al derecho internacional», consagrado en la Convención de Viena de 1963 sobre relaciones consulares.

El abogado de la mujer, Mario Guerrero, aseguró que ha presentado un escrito a la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA) solicitando su intervención y poniendo de relieve el «riesgo» que corre la pequeña al otorgar en exclusiva la custodia al padre cuando no tiene contacto con él desde hace unos tres años, desde el 2016, cuando madre e hija viajaron a Uruguay. El progenitor denunció a la madre por sustracción de menor y esta, al cabo de un año y medio, al hombre por abusos sexuales.