Según explicó la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, la reforma pretende acabar con el hecho de que la disolución matrimonial tenga que ser consecuencia de de separaciones previas de los cónyuges de hasta dos años y elimina también las causas que habitualmente tienen que alegar las personas que presentan la demanda. También se elminirá la necesidad de tener que alegar motivo alguno para iniciar la demanda de divorcio. "Nadie pregunta por qué se casan, nadie debe preguntar por qué se divorcian", razonó De la Vega.

La nueva legislación hará que los procesos judiciales por ruptura matrimonial se reduzcan en un 30%, según estimaciones de la Asociación Española de Abogados de familia.