El rechazo de los gobiernos valenciano y murciano a la derogación del trasvase cobró ayer tintes de tragedia nacional. El presidente valenciano, Francisco Camps (PP), calificó la medida de "agresión a los intereses de la Comunidad Valenciana" y "juicio sumarísimo de una ley que costó mucho trabajo". Camps anunció que el lunes presentará un recurso de inconstitucionalidad al entender que "atenta contra el principio de solidaridad entre territorios". Su homólogo de Murcia, Ramón Luis Valcárcel (PP), anunció medidas similares.
El secretario de Turismo, Matías Pérez, denunció que "un turista en Valencia tendrá que pagar 10 veces más por el agua que en Cataluña".
