Las grandes reformas sociales emprendidas por el Gobierno socialistas echaron ayer a andar. El mismo día en el que las mujeres maltratadas comenzaron a hacer uso de los primeros juzgados específicos contra la violencia doméstica, el Congreso abrió la puerta a un divorcio más ágil y menos costoso. El Parlamento pondrá hoy el broche a la ofensiva legal del Ejecutivo con la aprobación del matrimonio entre homosexuales.

El primer paso se dio con la puesta en funcionamiento, ayer, de 434 juzgados de violencia sobre la mujer en toda España.

Además, quienes inicien los trámites de divorcio en los próximos días ya podrán acogerse al nuevo sistema rápido. El Congreso de los Diputados aprobó anoche, al filo de las 00.30 horas, la reforma legal que agiliza y abarata los procesos de ruptura. El nuevo texto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE. Como muy tarde, la próxima semana.

El punto más polémico de la reforma, el de la custodia compartida, quedará regulado como se acordó en el Senado: cuando no se pida de mutuo acuerdo sólo podrá concederse por el juez en casos "excepcionales" y cumpliendo varios requisitos, entre ellos, que los domicilios de los excónyuges estén cerca. El magistrado deberá oír, además, dos informes: uno del fiscal y otro de expertos cualificados. Ninguno será vinculante.

FONDOS DE GARANTIA El diputado Julio Villarrubia (PSOE) recordó que la legislación no satisface ni a las asociaciones feministas ni a las de padres separados, pero sacó una conclusión positiva. En su opinión, si dos colectivos con intereses tan opuestos no están conformes, la ley "no debe de ser tan mala", dijo en alusión a dos criterios tan opuestos. El PP votó contra la custodia compartida, pero su portavoz Carmen Matador ensalzó el resto de la ley.

El cambio legislativo supondrá la eliminación de la separación previa antes de acceder al divorcio, así como la necesidad de alegar causas. Los trámites podrán solicitarse a los tres meses de celebrarse la boda. Gracias a la agilización de la burocracia, las rupturas podrán consumarse en dos meses si hay mutuo acuerdo y en seis en si no lo hay.

Una vez que el texto entre en vigor, las parejas que estén inmersas en los trámites podrán acogerse al nuevo sistema. En estos casos, habrá un plazo de cinco días para solicitar el nuevo divorcio siempre y cuando lo pida uno de los cónyuges.

Los nuevos juzgados no sólo abordarán la vertiente penal --órdenes de prisión y de alejamiento-- sino también la civil --atribución de vivienda, custodia y visitas a hijos, pensiones por alimentos y medidas de protección a los hijos para evitar riesgos--.

La carga de trabajo que se prevé, por lo tanto, es importantísima y el temor a la falta de medios es la amenaza que más inquieta. El recelo se agudiza en el caso de los 417 juzgados que deberán compatibilizar su trabajo habitual con los casos de las agresiones machistas. Sólo 17 --2 de ellos en Barcelona y 3 en Madrid-- son de nueva creación.

LAS CRITICAS Las voces discordantes no se han hecho esperar y las tres asociaciones de jueces, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (progresista) y la Asociación Francisco de Vitoria (moderada) apoyaron ayer la norma aunque con los ojos puestos en su rodaje y con el aliento contenido para ver si los medios serán suficientes.

Pese a que la APM había rebajado ayer el tono de sus críticas no hay que olvidar que auspició el informe desfavorable --aunque no vinculante-- emitido por el Consejo General del Poder Judicial. Los magistrados conservadores dudaron de la constitucionalidad de dos aspectos del texto: la creación de juzgados específicos y el aumento de la pena en el caso de que el agresor sea hombre. Este informe ponía de manifiesto que, precisamente, parte de los jueces, encargados de aplicar la esta ley, eran sus principales detractores.

Los funcionarios, lejos de entrar a valorar el contenido de la ley, centraron sus críticas en la falta de medios con que se acompaña a la ley en su inicio.

Recordar también que la ley integral también endurece las penas para los agresores. Este novedad ha causado controversia después de que sectores de la judicatura lo tacharan de discriminatorio y, por lo tanto, de inconstitucional. El agravamiento de las penas se producirá cuando el agresor sea un hombre, y la víctima, su compañera o excompañera sentimental. Pero también cuando un hombre --o una mujer-- ataque a una persona

"especialmente vulnerable".