La Iglesia española ha decidido aparcar la comparación entre dos tipos de mamíferos, el lince y el humano, para centrarse solo en el segundo en su intento de "sensibilizar a la sociedad" para que diga "no al pecado" del aborto. Atrás queda el contraste entre la protección que reciben ambas especies animales y el enfoque que tiene su principio y su fin en el rechazo a la nueva ley sin plantear alternativas. Ahora los carteles en contra de la nueva norma de interrupción voluntaria del embarazo, esa "legislación fatal", ofrecen cinco pequeñas fotos que van desde el cigoto hasta la madre en elevado estado de gestación, con una sexta, mucho más grande y silueteada, en la que un recién nacido aparece sostenido por una mano masculina y otra femenina. Luce una pulsera de abalorios. "¡Es mi vida! --se supone que dice el pequeño--. Está en tus manos".
La campaña, que se lanzará a gran escala el próximo 15 de marzo, también cuenta con una por el momento bastante precaria web (www.conferenciaepiscopal.es/apoyoalavida), en la que se ofrece un listado de instituciones que "ayudan a esos padres y madres en dificultades, tentados de cometer el crimen". Habrá 1.300 vallas publicitarias en 37 ciudades españolas, 30.000 carteles y seis millones de dípticos informativos. Todo por un precio algo menor a los 150.000 euros.
LA VISITA PAPAL Ha pasado un año desde que los prelados, en un gesto que recordaba a la iconografía de los colectivos antiabortistas más radicales, mostraron a un cachorro de lince y a un bebé para acabar concluyendo que España protegía más al felino que al feto humano: ahora la ley ya está aprobada (ocurrió el pasado 24 de febrero en el Senado), y al Pontífice se le espera el próximo noviembre en Barcelona, para inaugurar la Sagrada Familia, y en Santiago, con motivo del Año Santo Jacobeo. La visita de Benedicto XVI, más allá del apoyo que supone a la cúpula episcopal liderada por el cardenal de Madrid, Antonio María Rouco Varela, se ha hecho realidad gracias a la invitación que cursaron en febrero del curso pasado el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, máximos representantes de un Ejecutivo socialista con el que el episcopado, pese a las diferencias, intenta templar gaitas.
Pero el cambio en las formas no supone ningún movimiento en el fondo: la nueva ley, por la que se pasa de un sistema de supuestos a uno de plazos y con la que España se equipara a la mayor parte de los países de su entorno europeo, supone "un retroceso en el derecho a la vida y un mayor abandono de las madres gestantes", dijo el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), un Juan Antonio Martínez Camino que ayer, a diferencia de tantas otras ocasiones, trató de ofrecer ese rostro conciliador del que hace gala en muy raras ocasiones.
"Los obispos no están en contra de nadie", dijo el portavoz de los prelados. Al contrario, lo único que pretenden, explicó, es "seguir dando voz a los que van a nacer para defender su derecho a la vida y, al mismo tiempo, defender a las mujeres que se encuentran en dificultades".
PETICION A LOS POPULARES Poco después, Martínez Camino se refirió sin citarlo al PP, cuyo presidente, Mariano Rajoy, prefiere no comprometerse con el anuncio de una hipotética anulación de la norma si llega a ocupar el poder. "Esta ley debe ser derogada cuanto antes --sostuvo el portavoz de los obispos españoles--. Cuanto menos esté en vigencia, mejor. Luego ya cada uno hará lo que tenga que hacer según sus responsabilidades".
Igual que ellos, de acuerdo a sus responsabilidades, mostraron al lince. "Contribuyó a elevar el nivel del diálogo social --argumentó el prelado--. Fue un proceso de sensibilización, de darse cuenta de lo que realmente está en juego".
