Representantes de buena parte de las clínicas abortistas y de los centros de planificación familiar lanzaron el pasado 20 de diciembre un inaudito SOS. Salieron públicamente a denunciar el "acoso" que sufren de un tiempo a esta parte en sus puestos de trabajo por parte de colectivos antiabortistas radicales (insultos, inspecciones abusivas, grabaciones con cámara oculta...). Aquella denuncia tiene esta semana una segunda entrega. Las víctimas son ahora las propias mujeres que abortan.

Una comisión judicial holandesa se personó ayer en Barcelona para interrogar al médico abortista Carlos Morin, no porque este le interese como imputado, sino porque pretende condenar en Holanda a una mujer que abortó en España, en una de sus clínicas. En Madrid, mientras, la Guardia Civil está tomando declaración estos días a 25 mujeres por orden del magistrado José Sierra Fernández, titular del juzgado de instrucción número 27 próximo a sectores ultraconservadores.

"Sorpresa". Esa es en resumen la opinión que ha causado en los medios judiciales consultados la declaración que ayer prestaron ante una fiscala holandesa el ginecólogo Morin y un psiquiatra, los dos encarcelados, y otros cuatro imputados en la investigación abierta en Barcelona por presuntos abortos ilegales.

POR ENCIMA DEL LIMITE LEGAL La joven, de 24 años, fue detenida en Holanda por abortar en España más allá del límite legal de 24 semanas que rige en aquel país. Se enfrenta a una acusación de asesinato o infanticidio. Lo singular del caso es que en España no cometió ningún delito. En un precedente singular. Más de 3.000 mujeres viajan cada año a España para abortar porque en sus países no es legal o tan fácil. En cierto modo, esa joven recibe el mismo trato que en los últimos años se está dando a los pederastas que abusan de menores en Asia. La diferencia, notable, es que la pederastia no es legal en ningún país.

La fiscala interrogó a Morin, a otros tres ginecólogos, a una anestesista y a uno de los psiquiatras que presuntamente falsificaba los informes médicos y que daba pie a abortos con independencia de las semanas de gestación de la paciente. La investigación es doblemente singular porque, en caso de que Morin no estuviera acusado y encarcelado, queda en el aire la incógnita sobre si la fiscala habría intentado interrogar en España a médicos fuera de sospecha.

Los seis facultativos declararon como imputados, aunque la justicia holandesa no puede actuar contra ellos porque el presunto delito se habría cometido en España. La jueza de Barcelona que instruye el proceso contra Morin incorporará, sin embargo, los interrogatorios a la causa. Es decir, servirán para la justicia holandesa y para la española. "Es una cosa muy rara", insistieron las fuentes jurídicas.

El otro frente de acoso antiabortista a las mujeres está en Madrid. Ya en Barcelona, unas 40 mujeres declararon por el caso Morin. En Madrid, se reproduce la situación, pero en un contexto peor. El origen del caso allí es una denuncia de la plataforma ultraconservadora La Vida Importa sobre irregularidades en la gestión de residuos biosanitarios procedentes de abortos en la clínica Isadora. Agentes de la Guardia Civil se personan en casa de las mujeres para entregar la citación. El intimidatorio trato resalta más si se tiene en cuenta que, de momento, el juez no ha citado aún a ninguno de los responsables de la clínica.