Los obispos españoles celebran esta semana su asamblea plenaria, de la que hoy debería emerger el nombre del sucesor de su actual presidente, Ricardo Blázquez. El cardenal de Valladolid aseguró ayer que las elecciones en la Conferencia Episcopal Española (CEE) «no son un reparto de poder ni una oportunidad para acumular prestigio».
Los dos candidatos que, a priori, tienen más papeletas para presidir el órgano de gobierno de los obispos son el arzobispo de Barcelona, Joan Josep Omella, y el de València, Antonio Cañizares. Omella, un hombre que acostumbra a ir en metro y en sus declaraciones públicas tiende a huir de los conflictos políticos y poner el acento en la expresión «tender puentes», tiene el beneplácito del Vaticano después de que en el 2017 el papa Francisco le nombrara cardenal en una ceremonia celebrada en la basílica de San Pedro. Omella pasó a formar parte del colegio cardenalicio de la Iglesia católica.
Mientras, Cañizares es un obispo acostumbrado a los encontronazos con el Ejecutivo socialista. Ya lo hizo cuando PSOE y Unidas Podemos llegaron a un acuerdo para formar gobierno e «implantar el pensamiento único» y volvió a hacerlo tras las declaraciones de la ministra de Educación, Isabel Celaá, contraria al veto parental. Según Cañizares, «si el que educa a los niños y las niñas es el Estado en lugar de las familias, vamos o volvemos a la dictadura, al Estado totalitario y la supresión de derechos fundamentales».
El presidente saliente repitió ayer que los comicios son simplemente «una ocasión para mostrar disponibilidad al servicio».
«La sociedad y el mundo actual en buena medida ha dado la espaldas a Dios», destacó tras recordar las palabras del Papa en Navidad: «No estamos ya en un régimen de cristianismo porque la fe -especialmente en Europa - ya no constituye un supuesto obvio de la vida en común. De hecho, frecuentemente es negada, marginada y ridiculizada», señala.
