El grupo de expertos de la ONU sobre Negocios y Derechos Humanos criticó hoy la gestión de las autoridades de Brasil, así como de la empresa minera Samarco, tras el vertido por la rotura de la mina en Mariana, estado de Minas Gerais, y les pidió más transparencia con las víctimas en el futuro.
Tras su visita a Brasil en diciembre de 2015, los expertos presentaron hoy al Consejo de Derechos Humanos su informe, en el que explican que los fallos de comunicación y prevención cometidos por la empresa, así como la mala gestión de las autoridades tras el desastre, ha provocado que la población no confíe en la información que les proporcionan.
Asimismo, critican que la empresa tardó dos semanas en advertir sobre el estado de otras infraestructuras y en admitir los fallos en su plan de contingencia. "Si Samarco hubiera avisado con tiempo suficiente esto habría permitido a la gente salvar sus pertenencias e incluso podría haber salvado vidas", subrayan los expertos en su informe.
La catástrofe de la mina en Mariana provocó la muerte de 18 personas y afectó a otros 3,2 millones cuyo medio de vida dependía del río Doce, donde se vertieron los residuos mineros. ElGobierno brasileño calificó la catástrofe como "la peor riada registrada en el mundo en la última década por la rotura de diques en minas". "(Los afectados) no confían cuando Samarco les dice que no han quedado residuos tóxicos y que el agua se puede beber gracias a las depuradoras provisionales instaladas", explica el informe.
FALTA DE TRANSPARENCIA Y DE EFICACIA
Por ello, los expertos consideran que la empresa tiene que ser más transparente con las víctimas para restaurar su confianza, y atender mejor a aquellos que solicitan más explicaciones o aclaraciones. Asimismo, aconsejan a Samarco crear "un espacio en el que la gente, incluidos los empleados de la compañía, puedan expresar sus miedos y preocupaciones sin temer represalias".
Por otro lado, dada la magnitud del desastre, el grupo de expertos considera que la actuación de las autoridades federales y estatales fue insuficiente. Pese a que el responsable último de reparar el daño es la empresa causante, el Gobierno Federal es para los expertos "el encargado de defender los derechos humanos de las comunidades afectadas". "Deberían haber proporcionado una mayor información sobre el proceso de reasentamiento y de compensación", señalan.
Por último, el grupo de expertos de la ONU manifiesta su preocupación por la limitada capacidad de las autoridades para llevar a cabo inspecciones de seguridad en todas las minas del estado de Minas Gerais y del país en general, que garanticen que esta tragedia "no vuelva a suceder".
