Una de las formas más seguras para violar a una mujer y quedar impune es recurriendo al uso de estupefacientes (como la conocida burundanga) que anulan la voluntad de la víctima, de forma que la dejen consciente pero incapaz de decir «no». Un método que también se usa en robos, que se conoce como sumisión química y que en el caso de las agresiones sexuales va en aumento, aunque es difícil obtener datos reales porque muchas de las afectadas no denuncian, al no recordar exactamente lo que sucedió, a lo que se suma el sentimiento de culpa y las lesiones psíquicas que dejan tras de sí todas las violaciones.
Ante este fenómeno, el Congreso debate hoy una iniciativa del PSOE que insta al Gobierno a «combatir el fenómeno del incremento del uso de drogas para facilitar los ataques a la libertad sexual, adoptando medidas para concienciar al público, a los profesionales de la salud y a los organismos» acerca de los nuevos modus operandi de los violadores.
En concreto, la propuesta, que se debatirá en la Comisión de Igualdad, pide realizar un estudio sobre el impacto de delitos sexuales facilitados por la administración de sustancias psicoactivas y la elaboración de indicadores estadísticos que permitan medir el auténtico alcance de esta forma de criminalidad. Además, para incentivar que las víctimas busquen asistencia a la mayor brevedad, propone que se creen varias campañas específicas.
EL INCUMPLIMIENTO DEL PACTO / Además, la Comisión de Igualdad debatirá una iniciativa de Podemos que demanda que la ley integral contra la violencia machista se amplíe al resto de delitos contra las mujeres contemplados en el Convenio de Estambul, ratificado por España, justo al día siguiente de que miles de mujeres en 40 ciudades salieran a la calle para denunciar el «incumplimiento» del pacto de Estado contra esta lacra. Tras las numerosas protestas en contra de la sentencia por el abuso sexual en los Sanfermines, el colectivo feminista denunció ayer que en los Presupuestos Generales del Estado «faltan 120 millones» para la lucha contra el machismo.
El Gobierno mantiene ahora que esta cantidad debe ser invertida por las comunidades autónomas y los ayuntamientos pero las asociaciones de mujeres, junto con el PSOE y Podemos, sostienen que lo acordado es que fueran invertidos por el Ejecutivo, tal y como estaba comprometido.
