El Gobierno insistió ayer en que no puede haber marcha atrás. "La decisión de cerrar la central nuclear de Garoña en el 2013 es irreversible", declaró la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. Sin embargo, en la orden ministerial de clausura aprobada por el Consejo de Ministros no figura prácticamente nada que haga referencia a esa irreversibilidad. La norma tan solo impone al titular de la explotación, Nuclenor (participada por Iberdrola y Endesa), que antes del 2012 realice "un programa preliminar de actuaciones" que culmine en el cierre. Y le prohíbe realizar "modificaciones y propuestas de actuación que impidan o dificulten el cese definitivo de la explotación", en el 2013. Pero apenas nada más.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, De la Vega se mostró tajante y defendió el carácter irreversible de la orden, que todavía no se había dado a conocer. "Esta reacción es lo razonable y, por tanto, es definitiva, de cese definitivo e irreversible. No es imaginable que alguien piense que va a cambiar esta decisión. No sería razonable. Tampoco sería admisible", aseguró la vicepresidenta primera.

Se refería De la Vega a la advertencia que ha hecho el PP de que, si logra hacerse con el Gobierno en las elecciones previstas para el 2012, prorrogará la vida de la central si el Consejo de Seguridad Nuclear dictamina que es segura.

EL PERMISO Fuentes del Ejecutivo admitieron por la tarde que el texto, que hoy se publicará en el BOE, "es todo lo exigente que puede ser desde el punto de vista jurídico". Esas mismas fuentes reconocieron que en el 2013 el PP podría derogar la orden y Garoña seguiría funcionando, aunque aseguraron que, mientras tanto, los dueños tienen que dar "todos los pasos necesarios que conducen al cierre definitivo". Si no, advierte un portavoz del Ejecutivo, se le revocará el permiso de explotación.

Sin embargo, técnicamente no hay ningún impedimento para que el PP o incluso el PSOE si cambia de idea decreten que el reactor continúe en funcionamiento más allá del 2013, según los especialistas consultados. De hecho, incluso unos meses después de apagado puede volver a ponerse en marcha, explican.

La facilidad con la que un futuro Gobierno podría revocar la decisión fue el principal reproche que el diputado Joan Herrera (IU-ICV) formuló ayer a Zapatero cuando este le llamó para apaciguar su dura reacción del día anterior. El presidente se mostró dispuesto a hablar con calma del tema y le avanzó que se podrían establecer "garantías adicionales" para que esto no ocurriera, lo que el ecosocialista consideró otro brindis al sol. Herrera había considerado el día antes que el cierre en el 2013 era "lamentable, una farsa y una gran decepción". El diputado lleva cinco años atornillando al PSOE y al presidente en el Congreso para que cumpla sus compromisos de fijar un calendario de cierre de las nucleares.