Diversas organizaciones prosaharauis han manifestado su rechazo a las penas de prisión impuestas ayer "sin ningún tipo de pruebas" por el Tribunal Militar de Rabat a los 25 saharauis procesados por su implicación en los disturbios registrados durante el desalojo del campamento de protesta de Gdeim Izik, a las afueras de El Aaiún, en 2010. En concreto, la corte marroquí ha condenado a nueve imputados a cadena perpetua --uno de ellos prófugo--; a cuatro a 30 años de prisión; a ocho a 25 años de encarcelamiento y a dos a 20 años. Otros dos han sido condenados a un periodo de cárcel equivalente a lo que llevan en prisión preventiva, es decir, poco más de dos años. Todos ellos estaban acusados de integración en banda criminal, violencia contra las fuerzas del orden con resultado de muerte, injerencia en la seguridad interna y externa del Estado y mutilación de cadáveres.

Así, la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara), denuncia la "injusta e ignominiosa" sentencia impuesta a "defensores de los Derechos Humanos". "Constituye un gravísimo atentado a la razón y a las normas más elementales de la equidad y la justicia cometido por un estado despótico que reclama para sí la apariencia de un sistema judicial y de un aparato legal próximos a la legitimidad democrática", argumenta.

En ese sentido, considera que el proceso judicial tiene un "carácter estrictamente político y militar" pese a que "se ha querido presentar como un ejercicio legítimo y equitativo de la acción de la justicia". Además, CEAS-Sáhara cuestiona la jurisdicción de los tribunales marroquíes para enjuiciar a residentes del antiguo Sáhara Español, ocupado militarmente en 1975 por el Ejército marroquí.

También la organización Sáhara Thawra ha condenado "rotundamente" la "arbitraria" sentencia del Tribunal Militar de Rabat contra los "presos políticos saharauis". "Tras haberse llevado a cabo una detención preventiva e ilegal que ha durado más de dos años, en los últimos días hemos visto como se juzgaba sin ninguna prueba, garantía, ni base legal a los 24 presos políticos saharauis apresados a raíz de Gdeim Izik", señala el grupo.

"Este es una ejemplo flagrante de la injusticia y crueldad de la ocupación marroquí, de su burla y desprecio hacia la comunidad internacional, y más, hacia el pueblo saharaui y su libre derecho de expresión y autodeterminación", añade.

Desde CEAS-Sáhara exigen además al Estado español, al Gobierno, al Parlamento y a las instancias judiciales "que se opongan rotunda y enérgicamente a la desproporcionada condena" y soliciten "de forma inequívoca y rotunda la liberación de todos los presos políticos y de opinión".