LAS MILES de personas con discapacidad intelectual o mental que actualmente tienen negado el derecho a voto por una resolución judicial --unas 80.000, según algunas oenegés-- tienen más cerca el ejercicio de este derecho como el resto de los ciudadanos. El Congreso de los Diputados aprobó ayer con los votos del PP una proposición no de ley, presentada por CiU, en la que se insta al Gobierno a elaborar en el plazo de seis meses un proyecto para reformar la ley con este fin.