Morir pudiendo rechazar los tratamientos que no se desean. Morir según los deseos íntimos expresados en un testamento vital. Morir en la intimidad personal y familiar. Morir, en fin, con el mínimo sufrimiento físico, psíquico y espiritual posible. Todas estas posibilidades, en el triste y duro final de cualquier ser humano, son las que facilitará la legislación sobre derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida, más conocida como ley de muerte digna, y que en unas semanas, como mucho antes de que acabe el año, será aprobada en el Congreso para su remisión al Senado y por tanto su aprobación definitiva.
Ciudadanos, el partido impulsor de la iniciativa, prevé que en la próxima reunión de la ponencia se apruebe un borrador, que será elevado a la Comisión de Justicia y en último término al pleno. El PSOE considera que quizá haga falta alguna reunión más. Pero, en cualquier caso, en breve se dará carpetazo a meses de discusiones, desde que, en marzo del 2017, el Congreso admitiera a trámite la norma con el apoyo de los partidos mayoritarios, la abstención de ERC y el PDECat y el voto en contra del PNV, por motivos competenciales. De hecho, la ley estatal prevé dictar un procedimiento común y poner orden en el compendio de leyes autonómicas.
La norma verá, por tanto, la luz antes de la regulación de la eutanasia, mediante una proposición de ley que se ha desbloqueado recientemente con la decisión del PP de no alargar más los plazos y presentar una enmienda a la totalidad, que será debatida el próximo jueves y tumbada casi con total seguridad. Ninguno de los partidos mayoritarios prevé apoyar el texto impulsado por Pablo Casado con el único objetivo de marcar un perfil propio en un tema tan ideológico.
DIFERENCIA CON LA EUTANASIA
La diferencia fundamental entre una y otra normativa es que la ley de muerte digna está dirigida a pacientes en su etapa final de la vida, a los que se intenta acortar la agonía, y la eutanasia podría solicitarla cualquier enfermo con un sufrimiento “insoportable”, que no se valga por sí mismo, pero sin que sea necesario que padezca una dolencia terminal.
Facilitar los llamados cuidados paliativos de la mejor manera posible cuenta con un apoyo mayoritario en el arco parlamentario, mientras que la eutanasia genera mayor debate. Pese al consenso, los representantes de los partidos en la ponencia han tenido debates enconados en torno a las 160 enmiendas presentadas y han sido necesarias decenas de reuniones. Más de año y medio después, ya disponen de un borrador, al que falta dar los últimos retoques.
LAS SANCIONES
En estos momentos, el escollo más importante que falta por resolver es el que afecta a las sanciones a las que se enfrentarán médicos y administraciones si no cumplen la ley. Ciudadanos quiere incluir multas y otros castigos para dar “poder coercitivo” a la norma y que los “profesionales sepan cuál es su responsabilidad” en caso de no cumplir la ley, según explica su portavoz, Francisco Igea. Por el contrario, su homólogo en el PSOE, Jesús María Fernández, defiende que “no es necesario establecer un régimen sancionador específico” y distinto del contemplado en la ley general de sanidad. Si ambos partidos no llegan a un entendimiento, el PSOE dejará sus enmiendas vivas, para ver si en la Comisión o el pleno logra el apoyo necesario.
Otro de los temas que han generado más controversia se debe al empeño del PP en reflejar en el texto la llamada ‘lex artis’ médica, en referencia al conjunto de criterios que definen la corrección de un acto médico. Según Igea, finalmente se ha llegado al acuerdo de que la norma “no puede apelar a ese bien supremo” que anhelan los médicos porque en el caso de un enfermo sin posibilidad de cura “el bien supremo es que no sufra”. No obstante, quizá los populares mantengan vivas algunas de sus enmiendas a este respecto.
APOYO DE LOS MÉDICOS
La Organización Médica Colegial, que agrupa a todos los colegios de médicos, apoya la ley de muerte digna -y recela de la eutanasia- y el pasado mayo aprobó una declaración que recordaba que el médico tiene que aplicar medidas adecuadas para conseguir el bienestar del paciente, aunque con ello pueda derivarse el acortamiento de la vida. Pese a ello, algunos estudios arrojan que en España cada año 225.000 pacientes precisan atención paliativa pero en torno a 50.000 mueren sin recibirla.
Esta situación se produce incluso en autonomías con una legislación pionera, como Andalucía. De hecho, el Defensor del Pueblo de esta autonomía denunció recientemente que aunque la administración regional ha hecho un “esfuerzo considerable”, el sistema no llega a todos los enfermos y muchos pacientes fallecen sin cuidados paliativos.
Por eso, el colectivo Dret a Morir, firme impulsor de la ley de eutanasia, opina que no es necesaria una ley de muerte digna sino “voluntad política y recursos económicos”. Su presidenta, Isabel Alonso, pone el ejemplo de Catalunya, donde no existe una legislación específica y los cuidados paliativos son, en su opinión, de calidad.
