La advertencia que el cantante Stevie Wonder hacía a los conductores en aquella campaña de la Dirección General de Tráfico de mediados de los 80, "Si bebes, no conduzcas", quedó ayer obsoleta. El Gobierno aprobó el anteproyecto de reforma de la ley de tráfico y seguridad vial y uno de los cambios es el que afecta a los peatones, que en adelante podrán ser sancionados por alcoholemia o consumo de drogas si se les considera responsables de la infracción de una norma de circulación. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, precisó tras la reunión del consejo de ministros que bastará con que se considere que el peatón ha cometido la infracción para que se le hagan controles de saliva y sangre. Hasta ahora, los peatones podían ser sometidos a controles si eran víctimas o contribuían a provocar un siniestro.

Esta es una de las novedades. Otra es que las sanciones por alcoholemia y consumo de drogas se duplican, de 500 a 1.000 euros. La sanción también recaerá en los conductores y peatones que se nieguen a someterse a los controles. La tasa máxima permitida de alcohol se mantiene en 0,25 milígramos por litro en aire expirado. En el caso de las drogas, se castiga la presencia, sin niveles. La prueba se hará con saliva y la de contraste, mediante análisis de sangre.

Los menores de 18 años que vayan en bicicleta tendrán que circular con casco en todas las vías, es decir, en la ciudad también. La medida exime, por lo tanto, a los mayores de edad, que sí tienen que ponérselo en vías interurbanas. Ello supone una derrota en toda regla de la directora de la DGT, María Seguí, partidaria de que la medida de seguridad fuera obligatoria para todos los ciclistas. Y es un alivio para los colectivos de ciclistas, que temían que una imposición universal del casco supusiera una reducción del uso de la bicicleta, y el presumible perjuicio económico a la bicicleta pública.

El Gobierno también modificó la regulación que afecta a cómo viajan los niños en coche, es decir, los sistemas de retención infantil. La idea principal es que se cambia de método y ya no se regula en función de la edad de los menores, sino de su estatura, que será la que determine si pueden ir o no en los asientos delanteros o traseros, algo que deberá precisar el Reglamento General de la Circulación. Se prevé que el límite a partir del cual no deban usar silla específica sea de 135 centímetros. El cambio está hecho para adaptarse a las disposiciones que va regulando la Unión Europa, según el Gobierno.

Como medida de seguridad adicional, se obligará a quienes vayan a realizar obras en las vías que lo comuniquen a las autoridades encargadas de la gestión y la regulación del tráfico.