Los delincuentes sexuales, especialmente cuando las víctimas sean menores, sufrirán peores consecuencias a partir del 2010.
La reforma del Código Penal, según el proyecto aprobado ayer por el Consejo de Ministros, eleva de los cuatro años (cómo máximo de la actualidad) hasta los 15 la pena para los autores de abusos y agresiones sexuales a niños (hasta 13 años) como su captación para espectáculos porno. También se castigará a los clientes de la prostitución cuando la relación sea con menores.
El Ministerio de Justicia no ha fijado aún la pena para este nuevo delito, pero propone que los pederastas con penas superiores a cinco años se equiparen a los terroristas y no puedan acceder al tercer grado hasta cumplir la mitad de la condena.
Entre los 10 nuevos delitos que incluirá la ley más reformada de todos los tiempos --"para atender nuevas demandas de la sociedad", según el titular de Justicia, Francisco Caamaño-- figura el tráfico ilegal de órganos.
TRASPLANTE Será aplicable tanto a quien promueva, favorezca, facilite o publicite su obtención como al receptor que, conociendo el origen ilícito del mismo, consienta en la realización del trasplante. Según la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), este tráfico de órganos no es un problema en España, donde poner precio a un órgano está prohibido y todas las donaciones deben ser altruistas.
No obstante, la nueva persecución legal de este comercio pondrá fin al incesante goteo de ofertas de venta de órganos, sobre todo a través de internet, en las que los donantes, a veces con intermediarios y organizaciones mafiosas detrás, piden hasta 120.000 euros por un riñón.
MANTEROS El nuevo Código Penal incluirá la posibilidad de que los vendedores de cedés piratas en la calle, que ahora son castigados con una multa y una pena de prisión de seis meses a dos años, eviten la cárcel. Así, la pena se reducirá a una sanción económica o a trabajos en beneficio de la comunidad atendiendo a las circunstancias personales del vendedor callejero y cuando la distribución sea al por menor y la ganancia económica, baja. Con la entrada en vigor de la reforma, los jueces podrán optar entre enviar a la cárcel o expulsar de España a los extranjeros condenados a penas de menos de seis años.
