El sistema de dependencia no será gratis para el usuario. Este pagará los servicios asistenciales que reciba en función de su renta y su patrimonio. Lo contrario, según el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, haría inviable el proyecto.

A partir del 2 de enero, cualquier persona que no se valga por sí misma para hacer las tareas básicas de la vida diaria podrá acudir a los servicios sociales de su comunidad autónoma para solicitar una evaluación de su grado de dependencia y recibir la asistencia social que contempla la ley de autonomía personal, que ayer fue aprobada en el Parlamento.

Las ayudas, sin embargo, tardarán varios meses en llegar, ya que la norma arrastra una pesada máquina burocrática.

HITO HISTORICO La ley de dependencia es una de la grandes apuestas del Gobierno. El presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, la defendió ayer en el Congreso y la calificó de "hito histórico" para España, que se convierte en un país "más solidario" y "más justo" tras su aprobación.

En esta ocasión, el principal escollo para el Ejecutivo no estuvo en las filas del PP --que apoyó con matices la norma--, sino en los nacionalistas. Tanto CiU como PNV calificaron el texto de "inconstitucional" ya que "supone una invasión las competencias exclusivas" que tienen las autonomías en materia de servicios sociales.

Daniel Fernández (PSC) respondió y aseguró que oponerse a la ley es como "haberlo hecho, en los años 80, a la universalización del derecho a la sanidad o la enseñanza obligatoria gratuita".

TRES MESES DE TRAMITACION La ley entrará en vigor el próximo 2 de enero. A partir de ese día, el Gobierno y las comunidades tendrán un máximo de tres meses para convocar el Consejo Interterritorial de Dependencia. Tras su creación, el primer paso a dar será la evaluación de los dependientes, que estará a cargo de los equipos de evaluación de las autonomías.

Según los cálculos oficiales, España tiene más de un millón de dependientes (por enfermedad o edad). Estas personas serán clasificadas en tres categorías: grandes dependientes, moderados y leves. Los beneficiarios tendrán derecho a recibir determinados servicios, como ayuda a domicilio o teleasistencia. También podrán tener plaza en un centro de día o en una residencia.

Nada de eso será gratis. El porcentaje de copago dependerá de la riqueza del usuario. CiU pretendía que la casa habitual no entrara en este cómputo y que se considerara patrimonio a partir de la segunda residencia. Sin embargo, la ley recoge "renta y patrimonio".

Aunque todo depende de los reglamentos, el espíritu de la ley es que un dependiente que viva en su casa no tenga que venderla para afrontar el copago. Puede que no ocurra lo mismo, si, por ejemplo, la persona termina en una residencia pública. Entonces, la casa habitual podría ser considerada patrimonio y el usuario pagaría más por los servicios asistenciales porque se considera que tiene más riqueza.