Tramitaban presuntamente de forma fraudulenta y arbitraria licencias de pisos turísticos en el distrito de Ciutat Vella; en algunos casos, a cambio de dinero. La Fiscalía Anticorrupción solicita penas que oscilan entre el año y medio y los 18 años de prisión para los miembros de una trama en la que figuran ocho funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona y propietarios de viviendas, según el escrito al que ha tenido acceso El periódico de Catalunya.
La acusación pública atribuye a los 22 imputados en este caso delitos de diversa índole, entre ellos los de cohecho, prevaricación urbanística y amenazas. Los principales acusados son Heliodoro Lozano, que durante ocho años fue jefe de servicios técnicos de Ciutat Vella y luego fue trasladado a Nou Barris, la empleada pública y exasesora jurídica Elena Ariza y el ingeniero Joaquim Quílez.
Para los dos primeros la fiscalía pide 11 años y seis meses de prisión, mientras que para el tercero reclama 18 años y medio, al imputársele, además, delitos de amenazas. Para otros cinco funcionarios se piden cinco años de prisión por presunta prevaricación, y para una sexta, un año y medio.
Más inhabilitación para todos. Los dueños de viviendas se enfrentan, a su vez, a hasta a cinco años por el mismo delito y por cohecho.
Este presunto caso de cohecho fue descubierto a raíz de otro proceso por corrupción de funcionarios públicos, en esa ocasión, en relación con clubs de alterne. Era el llamado caso Saratoga, en el que estaba imputado el ingeniero Quílez, además de miembros de la Policía Nacional y los propietarios de estos negocios.
En las entradas y los registros practicados en su domicilio y en su despacho profesional, se halló una hoja manuscrita con una lista de direcciones, nombres y locales; al lado, cifras en euros que podían corresponder a deudas y pagos que debían hacer los clientes al ingeniero con motivo de obras o licencias.
