La asociación que agrupa a las discográficas estadounidenses, la RIAA, anunció ayer la presentación de 261 demandas en distintos tribunales federales contra usuarios particulares, a los que acusa de descargar masivamente música a través de internet sin pagar derechos de autor. Las demandas, que venían siendo anunciadas desde antes del verano, serán perdonadas, según la asociación, si los denunciados se comprometen a borrar todo el material copiado y a abandonar el intercambio de archivos. La medida ha suscitado una airada reacción por parte de las asociaciones de derechos civiles en internet.
La demanda quiere frenar el impacto de los programas de intercambio a través de internet, que encuentran en la descarga de música y películas su vertiente más popular. Por ello, la asociación, que reúne a Universal Music Group, BMG, EMI, Sony Music y Warner Music, calcula que la venta de CD ha caído un 31% desde mediados del 2000, primero por programas basados en un servidor central (como Napster) y ahora por intercambio entre usuarios punto a punto (como Kazaa, Emule, Morpheus, Audiogalaxy o Gnutella).
"A nadie le gusta actuar como el villano y recurrir a los tribunales, pero cuando tu producto está siendo robado con regularidad, llega un momento en que has de actuar", aseguraba ayer en un comunicado Cary Sherman, presidente de RIAA.
La denuncia se gesta desde primavera. Los abogados de las discográficas lograron que distintos tribunales instaran a proveedores de internet a identificar a usuarios particulares sospechosos de compartir ilegalmente archivos de música y películas "en cantidad". Cuatro estudiantes universitarios fueron condenados a multas de entre 12.500 y 17.000 euros (entre 2,1 y 2,8 millones de pesetas) por poner miles de canciones a disposición de otros compañeros.
DUDAS SOBRE LA LEGALIDAD
Las voces de protesta no han tardado, incluso desde los tribunales. El senador Norm Coleman, presidente del subcomité permanente de asuntos internos del Senado en investigaciones, expresaba sus temores de que la campaña incriminara a personas inocentes, como padres o abuelos cuyos hijos o nietos ocupaban el ordenador para descargarse música sin saber que infringían la ley.
