Tras la sentencia de la manada y el despertar feminista que eclosionó el 8-M, la lucha contra las agresiones sexuales se abre paso en la agenda política. Podemos presentó ayer una ley de protección integral de la libertad sexual y la erradicación de la violencia sobre la mujer y el Gobierno anunció que estudia dar a las afectadas el mismo tratamiento que a las víctimas de la violencia machista, de manera que gocen del derecho a la asistencia jurídica gratuita y dispongan de un asesoramiento y acompañamiento similar al de las maltratadas.
Ya el pacto de Estado contra la violencia machista contempla incluir en la ley integral medidas preventivas y estadísticas sobre el resto de acosos que sufren las mujeres. Asimismo dispone que se aprueben leyes específicas con medidas de intervención y protección contra la trata y las agresiones sexuales. Sin esperar a que el Gobierno cumpla el acuerdo, Podemos presentó ayer su propuesta, con cambios penales, así como medidas de prevención, sensibilización y protección.
El partido morado propone, por ejemplo, eliminar la diferencia entre agresión y abuso sexual. Con ello, no se requerirá que haya violencia, intimidación o resistencia para el primer tipo, el más grave. Asimismo, plantea un delito leve de acoso en la vía pública, para castigar con multas de 3 a 9 meses o trabajos en beneficios de la comunidad a aquellos que atenten contra la dignidad de las mujeres en sitios públicos.
En concreto, propone castigar a «proposiciones, comportamientos o presiones de carácter sexual o sexista que, sin llegar a ser trato degradante ni atentado contra la libertad sexual, creen una situación intimidatoria». En Francia ya se penaliza.
