La policía asumirá, a partir de ahora, más responsabilidad en los casos de violencia doméstica, ya que tendrán más información. Según el protocolo aprobado ayer, los jueces deberán concretar a los agentes los niveles de riesgo de cada denuncia. Con esos datos, serán los guardias los que establezcan las medidas de seguridad para cada mujer. La policía también establecerá medidas de seguridad física cuando las mujeres vayan antes a la comisaría que al juzgado.

La presentación de este protocolo no estuvo exenta de polémica. La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica, Montserrat Comas, explicó que el acuerdo entraba hoy en vigor y descargaba en la policía la ejecución del plan de vigilancia de las maltratadas. Sin embargo, tras las quejas de todos los sectores implicados, el Ministerio del Interior y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se vieron obligados a puntualizar esos datos.

PLAZO RAPIDO En una nota oficial, el CGPJ explicó que el protocolo vería la luz en un plazo "no superior a 30 días". Fuentes de Interior subrayaron que se pondrá en marcha "en el tiempo más rápido posible", pero que la celeridad dependerá de que los jueces, fiscales y agentes reciban el texto.

Otra de las discrepancias surgió después de que Comas atribuyera a la policía la decisión de establecer las medidas de vigilancia para proteger a la víctima. Este atribución suscitó una airada reacción en los sindicatos policiales. El portavoz del Sindicato Unificado de Policía, José María Benito, calificó de "grave irresponsabilidad política" el hecho de trasladar a los agentes una función que, a su juicio, corresponde a los jueces.

Fuentes de Interior aclararon que la policía diseñará el dispositivo de seguridad en función de la información que le comunique el juez. "No es lo mismo el caso de una mujer que ha sido golpeada por primera vez que el de otra que ha sufrido varias palizas", puntualizaron.

COPIA DEL PROCESO Por ello, el protocolo establece que los magistrados remitirán a las fuerzas de seguridad copia de los "informes del proceso penal que se refieran a las circunstancias personales, psicológicas, sociales y de otro tipo tanto del imputado como de su núcleo familiar". Hasta ahora, los jueces se limitaban a comunicar a los agentes que habían tomado esa medida, sin detallar las circunstancias específicas de cada caso.

Otra de las novedades del acuerdo se refiere a la distancia mínima que debe cumplir el agresor. Esta la dictará el juez y no deberá ser menor de 500 metros.