Unas horas después de que la familia de Nathaly Salazar expresara sus dudas sobre la veracidad de la confesión de los dos detenidos por la desaparición de la joven mochilera española cerca de Cuzco, la Policía de Perú admite que tampoco confía totalmente en que sea verdad la muerte accidental en una tirolina que ambos relataron.
Max Iglesias, el general de la PNP a cargo de la región del suceso, ha explicado en una comparecencia que no descartan que se trata de un homicidio porque los detenidos sólo hablaron "cuando se han visto acorralados". La familia de Salazar denunció que los detenidos, de 19 y 21 años, habrían dado varias versiones de cómo ocurrió el accidente. En cualquier caso, la Policía del país ya confirmó que se les acusará por no haber prestado ayuda a la víctima y no haber dado cuenta a las autoridades.
El responsable policial confirmó también algunas novedades en la investigación. La primera de ellas es que uno de los detenidos es empleado del servicio del 'canoping' en el que supuestamente falleció la joven de origen ecuatoriano pero el otro es un taxista que le habría trasladado hasta allí en su coche y al que Iglesias se refirió como un "amigo de la víctima, aunque entre comillas porque eso no se le hace a una amiga".
Iglesias apuntó que la prioridad es ahora encontrar el cuerpo, que los detenidos aseguraron haber tirado a un río cercano, para tener evidencias científicas de lo que pasó realmente y se ha pedido poder contar para la búsqueda con un helicóptero. Cerca de veinte efectivos han participado hasta ahora en las labores de rastreo.
La Policía peruana también intenta averiguar ahora si los dueños de la empresa de tirolinas estaban informados de que se iba a realizar la actividad o la organizó por su cuenta uno de los detenidos.
