La política del Gobierno español frente a la inmigración favorece la violación de los derechos de los extranjeros y el crecimiento sistemático de los indocumentados. Así consta en el informe que la relatora especial de la ONU para la Inmigración, Gabriela Rodríguez Pizarro, presentó en enero ante la Comisión de Derechos Humanos de este organismo, y ayer por la mañana ante la comisión de inmigración del Parlament.
El estudio critica con dureza las leyes estatales y la forma en que se aplican, e incluso el desconocimiento que de ellas tienen las fuerzas de seguridad del Estado. Llama la atención, por ejemplo, sobre la paradoja que supone el que haya puestos de trabajo disponibles, inmigrantes sin papeles dispuestos a cubrirlos y una ley que se los impide al prohibir su regularización. "La situación se complica cuando los empleadores contratan irregularmente a los migrantes, pues además de que sus derechos se ven menoscabados, se genera un sentimiento adverso hacia ellos por aceptar condiciones laborales inadecuadas", indica el informe.
CENTROS COMO CARCELES El estudio, producto de la investigación que la relatora llevó a cabo en septiembre, también subraya las características de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). "La detención administrativa no tiene carácter punitivo; sin embargo (...), todos los centros visitados eran antiguas prisiones que por su estructura comportaban serias limitaciones". La atención sanitaria en los CIE, añade el texto, no es la más adecuada.
Tampoco es idónea la asistencia jurídica que reciben los extranjeros detenidos.
