El PP sigue con las espadas en alto en contra del Gobierno, como se demostró ayer, una vez más, en la sesión de control al Ejecutivo. Sin embargo, ayer dio un respiro a la confrontación con PSOE y Unidas Podemos al votar a favor de la creación en España de un ingreso mínimo vital, cuyo decreto de regulación se convalidó en el Congreso con el apoyo de todos los grupos parlamentarios y la abstención de Vox.

En defensa de la prestación, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, aseguró que se trata de una ayuda de «pura justicia social», especialmente «útil contra la pobreza infantil». Asimismo, aplaudió que el PP «haya rectificado» al mostrar su apoyo a la medida. Eso sí, tachó de «indignante» que Vox haya descalificado la ayuda como «paguita clientelar» en las redes sociales.

A su vez, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que de forma inusual se repartió el tiempo de intervención con otro miembro del Ejecutivo en la tribuna, señaló que el ingreso mínimo tendrá una «gran potencia redistributiva», ya que supone «corregir un déficit histórico» y situar a España «a la vanguardia en políticas públicas». El ministro destacó que la nueva prestación tiene «dos novedades. Una, gracias a su diseño, al tener en cuenta la «realidad económica y familiar de los beneficiados». Y otra, al incorporar medidas de incentivación en la búsqueda de empleo.

BENEFICIARIOS / De hecho, la nueva prestación está pensada para dar un respiro a unas 850.000 familias en situación de pobreza extrema, que recibirán entre 462 y 1.015 euros por hogar, pero que serán sancionadas si rechazan una oferta de trabajo. Se podrá solicitar a partir del 15 de junio y su cobro, una vez tramitado, tendrá efectos retroactivos a 1 de junio. La medida tendrá un coste anual para el Estado de algo más de 3.000 millones de euros.

Se trata de una norma incluida en el acuerdo del Gobierno de coalición, que se ha acelerado con la crisis sanitaria y el aumento de la pobreza que ha traído consigo el confinamiento. No ha estado exenta de confrontaciones internas en el seno del Ejecutivo.

El PP, que había mantenido la incógnita de si se abstendría o votaría a favor, finalmente apoyó la medida con el argumento de que fueron las comunidades autónomas donde gobierna quienes primero implantaron una ayuda de estas características. Aun así, los populares solicitaron, al igual que Cs, que el decreto se tramite como proyecto de ley para enmendar «fallos clave», como es, en su opinión, que el Gobierno gestione la prestación y no las comunidades, salvo en Navarra y el País Vasco. Asimismo, el PP considera necesario mejorar su vinculación a la búsqueda de empleo.

Vox, pese a señalar en la tribuna que el ingreso mínimo vital pone en «riesgo de muerte» al sistema de seguridad social y criticar que se incluya como beneficiarios a extranjeros que lleven un año de residencia en España, se abstuvo «porque los compatriotas necesitan la ayuda», según argumentó la diputada María de la Cabeza Ruiz.

El resto de formaciones celebraron la llegada de esta ayuda. Desde ERC lo calificaron de una «victoria de la izquierda», mientras que EH Bildu pidió «no dejar caer en los márgenes de la exclusión» a los profesionales esenciales, como sanitarios, cajeros o reponedores. Además, Coalición Canaria felicitó a Escrivá y a su departamento por el trabajo realizado, mientras Nueva Canarias lamentó que es «inaceptable» que la pobreza se considere como algo «inevitable». Ciudadanos anunció que hará modificaciones, entre ellas, que los jóvenes de entre 18 y 23 años no pueda acceder sólo a ellas cuando tienen cargas familiares.