La nueva propuesta de reforma hipotecaria remitida ayer por el PP al resto de grupos parlamentarios cayó ayer como otro jarro de agua fría entre la oposición. El grupo popular les ha admitido unas 50 enmiendas, pero sigue enrocado en rechazar las tres cuestiones clave, los ejes de la iniciativa popular legislativa (ILP), la dación en pago retroactiva, el alquiler social y la moratoria de los desahucios. Los cambios introducidos van en su mayoría destinados a evitar que los intereses de demora conviertan la deuda en mucho más abultada, pero no son sustanciales.

El rechazo del partido del Gobierno a la iniciativa de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) es tan rotundo que ni siquiera quedará de ella un leve rastro en el título de la ley. Ahora pasa a llamarse "proyecto de ley de los deudores hipotecarios, de reestructuración de la deuda y del alquiler social". Solo resisten estas dos últimas palabras, aunque no tienen reflejo en el texto.

ABSORCION MAS QUE FUSION En el nuevo texto se funde en realidad la propuesta que se presentó avalada por casi un millón y medio de firmas y la que emana de un decreto ley del Gobierno. No tenía sentido aprobar dos normas sobre la misma cuestión al mismo tiempo, de ahí que se optara por la fusión, pero el resultado ha sido más bien una absorción.

Las enmiendas introducidas ayer establecen, por ejemplo, que los intereses de demora solo pueden devengarse sobre el principal. A la hora de liquidar una deuda con la entrega de la vivienda el dinero obtenido con su subasta se empleará primero en la devolución del capital, quedando en último lugar los intereses de demora y las costas. Para reforzar la protección del deudor en la venta extrajudicial, se prevé que el notario pueda advertir a la partes si considera abusiva alguna claúsula. También se fija el importe de las costas en un máximo del 5%. Fuentes del PP aseguran que se trata de "mejoras sustanciales" que contribuyen a "restablecer el equilibrio entre los deudores y los bancos".

La PAH se pronunciará el martes con rotundidad en una rueda de prensa en Madrid en la que participarán los líderes sindicales Cándido Méndez y José Ignacio Fernández Toxo. Martí Batllori, abogado que asesora la plataforma, adelantó que ha visto el texto como "más de lo mismo". "Hacen que parezca que cambian algo para dejarlo todo igual, manteniendo una situación que condena a la gente de por vida".

A la extremeña Leire Iglesias (PSOE) le parece que con esas enmiendas se mejoran, como mucho, "los procedimientos de subasta y ejecución". "Pero para este viaje no hacían falta alforjas. No han dejado ni una coma de la ILP", lamentó. CiU, por boca de Lourdes Ciuró, consideró que la reforma "sigue siendo un parche". Y Joan Coscubiela (ICV) criticó no solo que se excluya todo lo referente a la ILP sino que "ni siquiera se planteen alternativas". "El PP continúa sordo ante los tribunales, las movilizaciones y la mayoría de la sociedad", concluyó.

La de ayer no era la última oportunidad del PP para rectificar. El texto remitido estará el próximo martes sobre la mesa de la ponencia parlamentaria que debe darle luz verde y ahí aún podrían hacer concesiones. La última oportunidad la tendría en el siguiente trámite: la aprobación definitiva de la ley por parte de la Comisión de Economía. Pero cuanto más se acerca esa fecha más lejos se ve la posibilidad de acuerdo. Si alguna vez hubo interés por parte del Gobierno, el enfrentamiento por los escraches parece haberlo reducido a cero.