El PP se ha revuelto contra el escrache después de que los activistas de la plataforma antideshaucios se presentaran el miércoles en los domicilios del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y del vicesecretario del PP, Esteban González Pons. Este interpuso ayer una denuncia por "coacciones" en la comisaría del Congreso en la que asegura que varios miembros del colectivo entraron en el portal de su residencia en Valencia, subieron hasta la casa y estuvieron "aporreando la puerta durante 45 minutos" cuando en el interior solo "había niños".

"Un grupo de unas 60 personas cortó la circulación en mi calle; informó, por lo visto, a mis vecinos de que convivir a mi lado es un peligro; empapelaron la calle con fotografías con mi cara y con carteles, y entraron en el portal, que ya está en todas las televisiones. Ahora, quien quiera venir a decirme cualquier otra lindeza ya sabe adónde tiene que ir", declaró en la COPE, tras lamentar que se les llame asesinos por los suicidios ocurridos cuando se iban a realizar desahucios. "El PP no es ni un banco ni un juez", alegó.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Valencia negó estas acusaciones e incluso se plantea querellarse contra Pons por "calumnias" e "injurias". Ana Blanco, su portavoz, aseguró que solo subieron "dos activistas, acompañados de periodistas. Tocaron al timbre tres veces educadamente y con mucho respeto y, al no tener respuesta, dejaron en su puerta una carta invitándole a que se ponga en contacto con nosotros para hacerle llegar información de personas afectadas".

Gallardón también recibió el miércoles un escrache en su casa de Madrid que derivó en incidente al impedir un vigilante de seguridad que se acercaran al portal los activistas que iban a entregarle unos sobres. Tuvo que intervenir la policía municipal. El ministro reprochó que los activistas ejerzan "una presión a la libertad de decisión" que la Constitución garantiza a los diputados. El diputado popular Iñaki Oyarzábal comparó la ofensiva de la PAH con la kale borroka.

Treinta arrestados

Una ofensiva que no se detiene. Ayer por la tarde, la policía arrestó a 30 de sus activistas que habían ocupado las oficinas del Sareb (el banco malo) en Madrid. La plataforma dispone además de más tiempo para presionar tras la nueva ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre la dación en pago, prorrogado hasta el martes.

En Barcelona, la tragedia hipotecaria tomó forma de procesión rociera en una zona tremendamente castigada por el fenómeno, Ciutat Meridiana. Allí, un centenar de vecinos llevaron por el barrio un cartel de STOP Desahucios como si fuera la Virgen. Hubo menciones a "San José okupa" y quejas por el desalojo frustrado de una vecina por parte de Bankia, que ignoró los protocolos por los que las entidades contactan con el mediador del barrio. Al final, la mujer pudo volver al piso, no sin denunciar que le habían robado dinero, la TDT y ropa interior.