La Generalitat valenciana dio ayer marcha atrás en su pretensión de imponer la asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés después de topar con la oposición de padres, alumnos, profesores, directores e inspectores. Todos estos colectivos están representados en la Plataforma por la Enseñanza Pública, que desde el inicio del curso rechazó la normativa de la Consejería de Educación y protagonizó las mayores protestas a las que se ha enfrentado el Gobierno autonómico que preside el popular Francisco Camps.
La convocatoria de una huelga para mañana en todo el sistema educativo público no universitario fue el desencadenante del inicio de unas negociaciones rechazadas por la consejería justo hasta ayer por la mañana, cuando el titular del departamento, Alejandro Font de Mora, aceptó aprobar una moratoria hasta final de curso en los centros que necesitan la presencia de dos profesores en el aula para impartir la materia en inglés (cosa que sucede en el 47% de los institutos públicos de la Comunidad Valenciana) y permitir que en ellos se enseñe la polémica asignatura en valenciano o castellano, dependiendo de la propia elección de cada docente.
La portavoz de la plataforma y presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia, Gemma Piqué, vio un "éxito" en el cambio de actitud porque "admite la imposibilidad de dar las clases en inglés tal y como estaban diseñadas", y anunció que la huelga no se desconvoca, pero sí se aplaza "por la disposición de diálogo que ha mostrado por primera vez la Generalitat". El PP ha rechazado siempre los contenidos de la materia.
