Santiago del Valle, acusado por el presunto asesinato de Mari Luz Cortés en enero del 2008, ha asegurado hoy que no tiene "ni idea de lo que le pasó a la niña" porque no estuvo con ella "en ningún momento".

En la primera sesión del juicio contra éste y su hermana, Rosa del Valle, que se celebra desde las 10 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva, ha indicado que las primeras declaraciones que realizó en Pajaroncillo (Cuenca) cuando fue detenido y ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Huelva, en las que manifestaba su culpabilidad, las hizo "coaccionado".

Del Valle ha llegado a indicar: "Si alguien puede demostrar que estuve con ella que lo haga" y ha insistido en que si incurre en contradicciones en sus distintas declaraciones fue por la presión policial a la que fue sometido. Por su parte, su hermana, Rosa del Valle, se ha negado a prestar declaración a alguna de las partes y se le ha leído lo que declaró ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Huelva.

Sin incidentes

La llegada a la Audiencia de los acusados, procedentes de la prisión provincial de Huelva, se ha producido sin ningún tipo de incidentes, como los registrados la primera vez que los acusados acudieron a la Audiencia en marzo del 2008, que se saldaron con dos detenidos y varios heridos.

Esta tarde declarará Isabel García, mujer de Santiago del Valle, un testigo que podría ser determinante, ya que en los últimos días ha cambiado su versión de los hechos responsabilizando de todos ellos a su cuñada y exculpando a su marido.

Sin jurado popular

Los acusados serán juzgados por un tribunal profesional compuesto por tres magistrados, después de desecharse la idea inicial de que fuese un jurado popular el que se encargase de este caso. El ponente del tribunal será el magistrado Antonio Germán Pontón, que ya fue elegido para presidir el jurado popular que iba a enjuiciar el caso antes de que el procedimiento cambiase, y el presidente de la Sección Tercera, José María Méndez, y Luis García Méndez Casas, completan la terna de magistrados.

En la vista comparecerán 27 testigos y 22 peritos a petición del Ministerio Fiscal, mientras que la acusación particular ha solicitado la declaración de otros seis testigos y 4 peritos, a los que hay que sumar los propuestos por las defensas, que solicitan la absolución de sus clientes por entender que no hay pruebas que demuestren su participación en los hechos.

A comprar golosinas

El padre de la niña, Juan José Cortés, pastor evangelista, ha pedido en numerosas ocasiones la reforma de la justicia para evitar errores judiciales como la excarcelación de Del Valle, condenado por abusos sexuales contra su propia hija, y al que el juez no había enviado a prisión dos años y medio antes por un error de coordinación.

Mari Luz Cortés, que tenía 5 años, desapareció el 13 de enero del 2008 en torno a las cinco de la tarde en la barriada de El Torrejón de la capital onubense después de abandonar su domicilio para ir a comprar golosinas a un quiosco cercano. Después de 54 días desaparecida, el 7 de marzo un operario de Cepsa vio un cuerpo en la zona de los petroleros del puerto de Huelva, que posteriormente se comprobó que era el de Mari Luz.

Del Valle, que en un principio declaró ante los agentes que la muerte de Mari Luz se produjo de forma involuntaria, mantuvo poco después su inocencia.

Dos días después de su detención el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Huelva decretó para él y su hermana el ingreso en prisión incondicional por un presunto delito de asesinato, al que se sumaría otro contra la libertad sexual.

Sentencia sin ejecutar

El caso Mari Luz ha estado marcado por los errores judiciales ya que cuando sucedieron los hechos Santiago del Valle debería de haber estado en prisión ya que contra él pesaba una sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla por abusos sexuales contra su propia hija que llevaba dos años y medio sin ejecutarse.

Este error llevo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a abrir expediente a Rafael Tirado, el juez titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, que no ordenó ejecutar la sentencia, al que finalmente se le impuso una multa de 1.502 euros por una "falta grave" y al Ministerio de Justicia a hacer lo propio con la secretaria judicial Juana Gálvez por un presunto incumplimiento de sus obligaciones legales a la que se suspendió dos años y medio de empleo y sueldo.