Una joven que solicitó un crédito para pagar sus estudios de máster va a ser embargada por un juzgado de Madrid porque no ha devuelto el dinero en el plazo convenido, según ha denunciado la Asociación de Afectados por el Préstamo Renta Universidad. Se trata del primer embargo judicial por este tipo de préstamos que concedió el Ministerio de Educación entre los años 2007 y 2011, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
«El ministerio creó, en tiempos de Zapatero, un sistema de préstamos ligados a la obtención de una renta futura, es decir, un sistema por el que los titulados universitarios solo estarían obligados a devolver el dinero cuando tuvieran ingresos suficientes, en concreto una renta anual de 22.000 euros», explican fuentes de la asociación. Es un modelo similar al que funciona en países como el Reino Unido. «Sin embargo, en convocatorias sucesivas, el ministerio eliminó este umbral de devolución sin informar del cambio de naturaleza de los préstamos y los bancos colaboradores comenzaron a reclamar a miles de jóvenes la devolución del dinero y el cobro de comisiones e intereses de demora, e incluso les están incorporando en ficheros de morosidad», añade el colectivo de afectados.
El ultimátum de las entidades bancarias, que en el 2013 exigían una media de 300 euros mensuales a sus deudores, llegó justo en plena crisis, cuando muchos de aquellos jóvenes tenían serios problemas para encontrar un empleo. El Juzgado de Primera Instancia número 60 de Madrid dictó el año pasado una orden general de ejecución por una cantidad de 18.000 euros contra una joven que recibió un préstamo Renta Universidad, que es como se llamó este sistema de financiación. La asociación cree «ilegal que un banco pueda embargar a una persona por un préstamo concedido con fondos públicos».
